El Gobierno nacional solicitó este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que rechace y archive la solicitud de revocatoria del mandato presentada contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.
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La Presidencia sostiene que el trámite carece de fundamento constitucional y legal, al basarse en cuestionamientos a decisiones de política pública y en supuestos incumplimientos del plan de gobierno cuando aún no ha transcurrido la totalidad del período presidencial.
El escrito fue presentado por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, quien acudió a la sede del organismo electoral para entregar un alegato en el que impugna el pedido formulado por representantes de organizaciones sociales.
Durante un pronunciamiento ante la prensa, Herrería sostuvo que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana exige que las solicitudes de revocatoria estén debidamente motivadas y recordó que la normativa prohíbe utilizar este mecanismo para cuestionar decisiones de política pública adoptadas por el Ejecutivo.
Según explicó, uno de los argumentos planteados por los promotores de la iniciativa se refiere al acuerdo suscrito por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aspecto que, a su criterio, corresponde a una decisión de política pública y, por tanto, no constituye una causal válida para activar una revocatoria.
El funcionario también señaló que el mandato presidencial apenas ha superado el primer año de gestión, por lo que consideró anticipado sostener que existe un incumplimiento del plan de gobierno, cuyo plazo de ejecución es de cuatro años.
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Además, cuestionó que la solicitud plantee posibles incumplimientos futuros derivados de decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo, al considerar que esos argumentos responden a hipótesis o especulaciones y no a hechos concretos.
El pedido es impulsado por varias organizaciones sociales
La solicitud de revocatoria fue presentada el pasado 9 de junio ante el Consejo Nacional Electoral por un grupo de organizaciones sociales y dirigentes, entre ellos el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, el abogado Washington Andrade y representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Los promotores buscan obtener los formularios oficiales para iniciar la recolección de firmas exigidas por la ley y sostienen que el Gobierno habría incumplido compromisos contenidos en su plan de gobierno, especialmente en temas relacionados con combustibles, seguridad, soberanía y reformas laborales.
Por su parte, Herrería manifestó que la solicitud no solo presenta deficiencias jurídicas, sino que también podría generar una "distracción" para la administración del Estado.
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Por ello, expresó su expectativa de que el CNE emita una resolución que archive el trámite y evite que se utilice el mecanismo de revocatoria para fines distintos a los previstos en la legislación.
El Consejo Nacional Electoral deberá analizar la documentación presentada tanto por los solicitantes como por la Presidencia de la República y resolver si el pedido cumple los requisitos legales para continuar con el procedimiento.
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