El titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, sostuvo hoy, jueves 9 de julio, a través de una entrevista televisada que el organismo resolverá hasta finales de este mes las dos solicitudes que pretenden dar inicio a un proceso de revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa.
La primera causa que se presentó ante el CNE está abanderada por el abogado Washington Andrade y será resuelta, según Cabrera, hasta el 17 de julio próximo. Mientras el segundo pedido, auspiciado por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), recibirá una respuesta hasta el 28 de julio, cuando se cumple la fecha límite que tiene el organismo.
Lea también: Fenocin se declara como el centro de operaciones para la revocatoria de Daniel Noboa
Cabrera explicó que los informes elaborados por el área jurídica del CNE están en revisión. Sobre dichos documentos, y luego de concluir el análisis de los pedidos iniciales y de los descargos presentados por la Presidencia de la República, la autoridad electoral decidirá si da o no paso a un proceso de revocatoria.
La decisión del CNE, que permitirá que se inicie o no la recolección de firmas de respaldo a las solicitudes, puede ser apelada -en última instancia- ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que será el que emita una sentencia definitiva.
CNE reacciona luego del pedido de la Presidencia
Cabrera se pronuncia dos días después de que el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, pidiera al CNE el archivo del segundo pedido de revocatoria de mandato a cargo de la Fenocin.
La organización social argumenta que el presidente Daniel Noboa no ha podido resolver la crítica situación de inseguridad que vive el país, que no ha cumplido sus ofertas de campaña y que ha suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lesionando el manejo de la economía.
En su pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE), Herrería sostuvo que la postura de la Fenocin no tiene sustento y que su pedido es inconstitucional porque se basa en decisiones que corresponden y se ajustan a las políticas del actual Gobierno, y no demuestran -por tanto- incapacidad alguna para ejercer el gobierno.