Agentes de la Policía Nacional ingresaron la mañana de este viernes 12 de junio de 2026 a una vivienda vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, para ejecutar una orden de incautación dentro del caso Goleada, en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos.
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La diligencia se realizó en el departamento 401 del edificio Aqua 1, ubicado en la urbanización Blue Bay, en Isla Mocolí, y generó inmediatas reacciones desde las filas de la Revolución Ciudadana.
La asambleísta Viviana Veloz cuestionó la actuación de las autoridades y criticó la rapidez con la que se ejecutó la medida.
'Primero dejaron a una familia sin padre; ahora sin hogar'
El inmueble consta en un oficio emitido por el juez Jairo García el jueves 11 de junio de 2026 y dirigido a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad que procedió a cumplir la disposición judicial en menos de 24 horas.
Veloz calificó la acción como un acto de "crueldad" y aseguró que la medida afectaría a Fiorella Icaza, esposa del alcalde; a sus hijos, de 3, 5 y 7 años; y al suegro, un adulto mayor con discapacidad que reside en el inmueble.
"¡Este gobierno solo tiene crueldad y maldad en el corazón! Son despiadados. Les falta humanidad", escribió la legisladora.
"Primero dejaron a una familia sin padre; ahora pretenden dejarla sin hogar. Detrás de esta decisión hay una madre y niños pequeños que hoy enfrentan un dolor que jamás debieron vivir", agregó.
Veloz también expresó su solidaridad con la familia del alcalde de Guayaquil. "Toda mi solidaridad con Fiorella y sus hijos", señaló.
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Además, aprovechó para cuestionar la actuación de las autoridades en otros procesos judiciales y de presunta corrupción.
"¿Por qué esa misma rapidez y contundencia no se aplica para incautar los bienes de los implicados en el caso Progen? La justicia no puede actuar con doble rasero", afirmó.
Asimismo, el hecho ocurre luego de que ayer una jueza negara el pedido que hizo Alvarez de pagar una fianza para revocar la prisión preventiva en su contra.
"La jueza reconoce que la ley no prohíbe la caución, pero la niega porque considera que no garantiza la comparecencia del procesado. Entonces deroguen también los grilletes electrónicos, la presentación periódica, la prohibición de salida del país", manifestó David Norero, uno de los abogados de Alvarez.
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