La Corte Nacional de Justicia (CNJ) determinó que los jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos dentro del caso Goleada habrían incurrido en una presunta infracción gravísima por error inexcusable.
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Por esta razón, la CNJ dispuso notificar al Consejo de la Judicatura para que analice posibles sanciones disciplinarias contra los magistrados.
La decisión se produjo tras la revisión de la actuación del tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que, el 2 de abril de 2026, aceptó parcialmente las apelaciones presentadas por las defensas de Aquiles Alvarez, Xavier Alvarez, Antonio Alvarez, César Bravo y Fernando Peñaherrera, y revocó la medida de prisión preventiva dictada en su contra.
En aquella resolución, los jueces ordenaron la inmediata libertad de los procesados, siempre que no existieran otras órdenes judiciales vigentes, y dispusieron medidas cautelares alternativas como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente.
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Aunque Aquiles Alvarez recuperó la libertad por esta decisión judicial, permaneció detenido debido a otras órdenes de prisión preventiva vigentes dentro de diferentes procesos penales.
El 'error' del tribunal
Tras la decisión judicial de abril, la Fiscalía General del Estado presentó un recurso ante la Corte Nacional para que se examinara la actuación de los jueces que conocieron la apelación y dispusieron la revocatoria de la prisión preventiva.
Al respecto, la Corte Nacional concluyó que la actuación de los magistrados habría afectado la correcta administración de justicia.
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La resolución señala que el "error" del tribunal de Pichincha al ordenar la libertad de los procesados "causa un daño a la administración de justicia, al desconocer el objeto de cada una de las etapas que componen el proceso penal".
El tribunal estuvo integrado por los jueces Silvana Lorena Velasco Velasco, en calidad de ponente, Wiler Fabricio Chóez Avilés y Byron Leonardo Uzcátegui Arregui, quienes resolvieron de manera unánime dejar sin efecto la prisión preventiva.
El caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos, nació a partir del caso Triple A que analiza una presunta estructura vinculada a la comercialización irregular de combustibles.
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