Según la encuestadora internacional Latinobarómetro, solo México, Guatemala y Honduras se encuentran más insatisfechos con las instituciones democráticas que Ecuador. Y de las instituciones democráticas nacionales al fondo de la tabla se encuentra la Asamblea Nacional, que antes de haberse decretado la muerte cruzada tenía un índice de aprobación inferior al 10 por ciento. Hay una razón estructural porque la Asamblea es mucho menos popular que las demás instituciones: su polarización, que suplanta el debate racional e impide su efectividad para construir leyes consensuadas en beneficio del país.
La polarización no solo es ideológica, sino que tiene la trampa perversa de que priman ciertos intereses personales. Acabamos de presenciar un debate en las redes sociales entre dos bloques que buscaban una alianza legislativa para la nominación de las próximas autoridades parlamentarias. La moneda de intercambio, según la Revolución Ciudadana era el juicio político a la fiscal general Diana Salazar. El juicio no ocurrirá porque quedó descubierta la intención, pero es un mal augurio para el devenir de la próxima legislatura. Mientras el bloque más numeroso de asambleístas siga empeñado en un solo objetivo: el regreso del expresidente Rafael Correa, resolver los asuntos trascendentales será secundario.
El país vive una de las horas más difíciles desde su fundación, el crimen organizado es una fuerza maligna que puede eliminar el débil Estado de derecho que tenemos hoy y transformarnos en un narco-Estado. Por ello, es imperativo que la Asamblea trabaje en lo que constituyen las verdaderas prioridades del país: leyes y respaldo a los mecanismos para vencer a ese monstruo. Las sentencias penales que se buscan cambiar son cosa juzgada y si hay inconformidad que se resuelvan en la justicia nacional y la internacional, de ser el caso.
