Santiago Roldós
jueves, 5 octubre 2017 - 12:17
El mismo domingo 1 de octubre mucha gente que se temía lo peor en Cataluña no dejaba de preguntarse cómo había podido llegarse tan lejos. Siguiendo las órdenes de la Fiscalía y el programa de Rajoy de judicializar toda tentativa cívica y política catalanista, las fuerzas de seguridad del Estado dieron a los sectores más extremistas del independentismo la foto que tanto querían: la de violenta represión a mujeres, ancianos, jóvenes y niños por ir a votar.
Si la ilegalidad del referéndum era tan palmaria, y los vicios del llamado procés invalidaban de antemano sus delirantes resultados, imposibles de esgrimirse como válidos por la ausencia de un poder electoral constituido e independiente, ¿por qué caer a la gente a mamporros? Tal vez por la misma razón por la que PP y PSOE se han convertido en la más eficaz maquinaria de independentistas, y los partidos separatistas en la mejor fábrica de neonazis posfranquistas en el resto de España: la comodidad de reducir el problema del Estado español y la democracia europea a un enfrentamiento identitario, aún en términos de reparto fiscal y financiero.
Durante los seis años que viví entre Madrid y Barcelona siempre tuve la sensación de que los fantasmas de la Guerra Civil estaban demasiado cerca de invocarse a la mínima provocación. Imagen no sólo relativa a los miles de muertos del bando perdedor, los republicanos, que aún hoy permanecen sin identificar en fosas comunes a la vera de caminos de pueblos habitados por una mezcla de calma chicha y resentimiento, sino sobre todo al estancamiento de la concordia consagrada por la Constitución posfranquista de la Transición de 1975-78.
Ella sentó las bases de la España de las Autonomías, un sistema que, a fuerza de anquilosarse como inmutable, y no proyectarse como punto de partida y desarrollo de un Estado federal, que ulteriormente adviniera en una República contemporánea, terminó siendo percibido por las nuevas generaciones (nietos y nietas de abuelos humillados y ofendidos) como una suerte de limosna a su diversidad, no sólo plurinacional, a cambio de perpetuar a una Monarquía Parlamentaria, brazo político y rostro amable del poder de la oligarquía y la milicia.
Durante décadas el mayor desafío secesionista fue el del nacionalismo abertzale de ETA, que por su proceder jamás pudo aglutinar a una mayoría social. Mientras ETA existió, los distintos nacionalismos eran o bien satanizados por cualquier falaz presunción de cercanía a ella, o bien utilizados como garantes de la gobernabilidad del bipartidismo hegemónico en Madrid: Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión de Cataluña, ambos de derecha, fueron los principales socios de PP y PSOE, a cambio de canonjías en sus autonomías, reducidas a feudos.
Y mientras académicos liberales intentaban, sin éxito, refundar el también conservador nacionalismo español en los términos del patriotismo constitucional de Habermas, el imaginario y el relato romántico quedó en manos de nacionalistas de derecha en todas partes, al punto de que incluso viejos anarco-independentistas de izquierda, más cosmopolitas y antinacionalistas que otra cosa, terminaron engrosando las filas de la defensa de la identidad.
La emblemática Esquerra Republicana de Catalunya, que como su nombre indica debería ser primero de izquierda, luego republicana y finalmente catalana, hoy se concentra sólo en el último de sus significantes.
Entonces el desafío catalanista ni siquiera se zanjará con la justa y necesaria renuncia de Rajoy a la Presidencia, por incompetente, sino en la medida en que se termine de asumir la crisis nuclear del modelo de una transición eficaz en su tiempo para recuperar la democracia formal y cierto grado de convivencia, pero incapaz de ofrecer a sus múltiples ciudadanías un proyecto que las cobije. Aunque suene pasado de moda: abajo la Monarquía, viva la República.
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