Alfredo Pinoargote
viernes, 2 agosto 2019 - 11:55
La descorreización de la república de papel es una acción política lógica y saludable simultánea a la reinstitucionalización de la democracia sodomizada, por una década de dictadura.
Pero la clase política, de gobierno y oposición, a la que más le agrada estar cómoda, según perifoneaban los chulos de la partidocracia, prefirió solo quedarse en descorreización. Para el efecto en dos años se ha intoxicado a la república con una denunciología cuyo mérito es darle validez a lo que se denunció en la dictadura, pero cuyo demérito yace en el incumplimiento del mandato de la consulta popular 2018, de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado.
Mientras el INEC reporta crecimiento imparable de desempleo y subempleo a la oferta de crear empleo, respondiendo así a la cruda realidad al lavamanos de que según encuestas la corrupción no le importa al pueblo. Pero el empleo y las sanciones se fueron juntos de vacaciones.
Esta dura e inmensa tarea de reinstitucionalizar y sancionar a los corruptos pretendió resolverse con el cómodo simplismo de una consulta popular diminuta, revistiendo al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana de la facultad de cesar en sus cargos y designar reemplazos en las funciones Electoral, de Control, y de Justicia. La justicia quedó intocada y todos los días le saca la lengua a la ciudadanía con fugas a la carta y cero sentencias en firme contra el crimen organizado que subyugó a la administración del Estado. Mientras en el lavamanos colectivo de la Asamblea se siguen juicios políticos contra exfuncionarios a quienes ya no se puede destituir, y gozan en el extranjero de sus fortunas mal habidas.
La inauguración de la denunciología elevó credibilidad y popularidad pero al mismo tiempo la carencia de sanciones ha provocado tal desmoralización que ha llegado a la categoría de convicción que la mejor forma de hacerse rico sin trabajar es como funcionario público. Entre tanto la gran mayoría popular carece de conciencia de que es a ellos que les robaron su plata para escuelas, hospitales, universidades o carreteras, porque como nunca han tenido ni en qué caerse muertos es imposible que crean que el crimen organizado a ellos se les llevó montañas de millones de dólares.
Esta situación anómala llegó al paroxismo cuando después de enmendar la Constitución, con la consulta diminuta, para que el pueblo elija a los consejeros de Participación Ciudadana, inmediatamente, se propone suprimir ese Consejo mediante otra consulta diminuta, por parte de los mismos líderes que pidieron el voto en apoyo de la enmienda que dejó con vida a un ente que no justifica su existencia.
De allí que es un destello de cambio, a la tónica predominante de que todo cambia pero nada cambia, la propuesta del comité de institucionalización democrática, que fundó Julio César Trujillo, para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y en su lugar crear un Senado elegido por el pueblo que tenga la competencia del control político y la lucha contra la corrupción.
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