POR ALFREDO PINOARGOTE
Aunque la ciudadanía tiene la impresión que la mayoría de legisladores habita otro planeta, el proyecto correísticamente llamado humanitario que impone impuestos a los damnificados convocados a reactivar la economía, muestra que por lo menos en el olfato ponen los pies sobre la tierra.
El proyecto de ley contempla una reforma al tortuoso camino del concurso de acreedores que conduce a la quiebra de un negocio. Lo simplifica de tal forma que la quiebra dejará de ser una suerte de estigma como es ahora, para convertirla en lo que realmente es, el resultado de un mal negocio no porque el emprendedor haya ejecutado procedimientos fraudulentos sino porque es una opción, no deseada por supuesto, para todo negocio. Como es en otros países como EE.UU., donde se puede encontrar empresas actualmente exitosas que en algún momento quebraron por avatares económicos.
Pero en el contexto actual de catástrofe económica con paralización de negocios es un mal presagio para el proyecto urgente humanitario, que crea un impuesto especial a las empresas que lograron al menos un millón de dólares de utilidades en 2019. Pues tres consecuencias habría por la creación de este tributo. Primero que se afecta la recaudación sobre el 2019 que recién empezaba, ya que aún hay tiempo de modificar a la baja las declaraciones. La segunda es que evidentemente no se logrará la recaudación prevista, sino sensibles bajas en impuesto a la renta, IVA, y salida de divisas 2020. Bajas que sumadas triplicarían los 500 millones que se piensa recaudar con nuevos tributos. Y la tercera es la peor, que en efecto se realice el mal presagio, ocurra una cascada de quiebras que echen al tacho de la basura una recuperación económica para la que el tributo resta capital de trabajo y flujo para pagar el rol de empleados también sometidos a tributar solidariamente.
Ante semejante panorama resulta inexplicable que los llamados partidos de oposición de derecha no rechacen el proyecto, y se limitan a sugerir enmiendas por Internet para que finalmente llegue al veto modificatorio del Presidente.
Entre tanto correísmo y morenismo se machihembran apoyándolo porque consagra un modelo económico de preponderancia estatal, que convierte al ciudadano en un esclavo que mantiene una tónica adictiva de despilfarro clientelista que podría hundir al Ecuador en el sitial de una nueva Venezuela.
Este panorama político deviene impresentable para una república que debe resetearse ante la catástrofe sanitaria que paralizó la economía y ofrece una oportunidad histórica de cambio. La infeliz iniciativa de gravar a ciudadanos y empresas damnificadas evoca las repercusiones de los despilfarros de la monarquía absoluta en la revolución francesa, de la guerra del té en la independencia de EE.UU. y de la guerra de las alcabalas en la liberación iberoamericana del yugo español.
Pero hoy el coronavirus tiene bajo arresto domiciliario al derecho a la resistencia.
