Alfredo Pinoargote
jueves, 4 julio 2019 - 12:45
Cuando existe una infraestructura jurídica que invita al abuso de los hechos consumados, en la república de papel donde más vale lo explicable que lo aceptable, y de yapa 10 años continuos de irresponsabilidad, deviene normal que solo se tolere el derecho al pataleo, visto con menosprecio, y que las rectificaciones queden excluidas. Tal parece ser la situación de la Corte Constitucional, cuando sus nuevos miembros, basados en que vinieron a reinstitucionalizarla, asumen que son la institución. Una suerte de egocéntrico “el Estado soy yo”.
Pues, luego de emitir sentencia interpretativa, de un texto constitucional claro, sin reunir los votos necesarios que exige la ley de control constitucional, deciden prepotentemente que la sentencia va, puesto que la Constitución los reviste de inmunidad política. Y de una ficticia inmunidad judicial, extraída del armario de los abusos precedentes, mediante sentencia 141 promulgada en el Registro Oficial del 11 de septiembre de 2018, que interpreta el delito de prevaricato tipificado en el artículo 268 del COIP. Concluyendo arbitrariamente que no se aplica en el contexto de la justicia constitucional. Es decir, que no pueden ser procesados y mucho menos sancionados por dicho tipo penal. De esa forma se moldea una prepotencia institucional ya que interpretando la ley subalterna del COIP, subalterna a la Constitución, se comete el estrepitoso desparpajo jurídico de reformar la carta fundamental. Con lo que queda como una raya más al tigre, reformar la Constitución al interpretar el artículo 67 que manda que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer.
Pero allí no paran los abusos de una institución que supuestamente es la guardiana de la soberanía popular, que aprobó en referéndum la Constitución. Sino que por añadidura está revestida del poder supremo de autorizar una consulta popular de iniciativa ciudadana. No solo permitiéndola o negándola sino redactando las preguntas de la consulta si es que tiene la clemencia de permitirla. Y para agregar un poco de achiote que la identifique coloridamente, tenemos que fue nombrada por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, que no tiene la competencia constitucional para nombrarla, ni la autorización del anexo 3 de la consulta popular de febrero de 2018.
Pero el autismo supremo de la Corte se materializa con una resolución que blinda los nombramientos del Consejo Transitorio, comenzando por el de ellos mismos que eran los únicos que no podían hacer ese Consejo. Como consecuencia de este malabarismo se deja en el aire al Artículo 431 de la Constitución que al menos establece una responsabilidad penal exigible por el fiscal general y las dos terceras partes de la Corte Nacional. Y todo por la comodidad de una clase política que por ociosa le teme a una Constituyente y se pasa en juicios políticos en ausencia y sin censura, o posesionando consejeros de Participación Ciudadana que según la ley no pueden ejercer el cargo.
.png)
.png)
