El proceso judicial empezó en 2020, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia. Un lote de 21 mil pruebas rápidas es pieza clave de este rompecabezas.
El decreto introduce cambios en el régimen de compras públicas, con énfasis en agilizar contrataciones, permitir procesos confidenciales y reforzar el sistema de sanciones.
La entidad descubrió inconsistencias en contratos para la gestión externa de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores y falencias en la adquisición de medicamentos y reactivos de laboratorio.
Las comisiones de Participación Ciudadana, de mayoría oficialista, y de Garantías Constitucionales, con mayoría correísta, se disputan la fiscalización.
Para garantizar la confiabilidad de los proveedores y el cumplimiento de los contratos se han desarrollado pólizas especiales que permiten proteger el patrimonio y la inversión.
