El decreto introduce cambios en el régimen de compras públicas, con énfasis en agilizar contrataciones, permitir procesos confidenciales y reforzar el sistema de sanciones.
La entidad descubrió inconsistencias en contratos para la gestión externa de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores y falencias en la adquisición de medicamentos y reactivos de laboratorio.
Las comisiones de Participación Ciudadana, de mayoría oficialista, y de Garantías Constitucionales, con mayoría correísta, se disputan la fiscalización.
Para garantizar la confiabilidad de los proveedores y el cumplimiento de los contratos se han desarrollado pólizas especiales que permiten proteger el patrimonio y la inversión.
