Fiscalía General: la joya de la corona codiciada por el poder político en Ecuador

El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, asegura que el concurso y designación del nuevo fiscal, así como del presidente de la Judicatura y otras autoridades, se realizarán en base a los méritos de los postulantes, con procesos transparentes, sin espacios para la injerencia del Gobierno. No obstante, desde su creación, en 2008, el organismo ha actuado, con contadas excepciones, como un apéndice del Ejecutivo y de movimientos políticos. ​​​​​​

REVISE TAMBIÉN: ¿Quién será el próximo Fiscal General del Estado? El CPCCS alista el concurso tras la salida de Diana Salazar

Las sombras de la politización nuevamente acechan el concurso para la designación del Fiscal General, considerado la joya de la corona en el sistema judicial. Este proceso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), observado por su aparente afinidad con el gobierno de Daniel Noboa. De por medio está la declaratoria de una emergencia judicial, para una segura reorganización, a través del Consejo de la Judicatura (CJ), cuyo presidente y vocales serán escogidos por el CPCCS.

El nuevo titular de la Fiscalía debía asumir su cargo en abril de 2025, una vez que Diana Salazar terminó sus funciones. Pero por una serie de incidentes y retrasos el concurso recién empezará a fines de este año. Entre tanto, frente a la entidad permanece el fiscal subrogante Wilson Toainga.

El cargo de Fiscal es medular, en medio de una escalada de corrupción en el sector público por la penetración del crimen organizado y el narcotráfico. Investigaciones sistemáticas de la fiscalía, los últimos años, han sido determinantes para evidenciar el nivel de contaminación estatal (casos Purga, Metástasis), pese a sus limitados recursos.

En los próximos días, los vocales del CPCCS enfrentarán una primera prueba de fuego para medir su independencia del Gobierno: la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente de la Judicatura. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación dé paso al proceso de designación del titular y los vocales de la Judicatura.

Todo apunta a que será ratificado, por seis años más, el actual titular, Mario Godoy, quien encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura designará a los nuevos miembros de la Corte. Además, Godoy ya anunció que se declarará la emergencia a la Función Judicial en agosto, que implicaría una nueva reorganización a través de un proceso de evaluación de todos los jueces.

REVISE TAMBIÉN: La CNJ suma a Mario Godoy en su terna para la Presidencia del Consejo de la Judicatura

En entrevista con Código Vidrio, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, negó tener afinidad con el presidente, Daniel Noboa: “No. Aquí se respeta las funciones del Estado y se respeta los que son concatenados a cada una de las funciones. Nosotros somos parte de la Función de Transparencia y Control Social y la Presidencia es parte del Ejecutivo”, afirmó.

Comentó que como organismo han mantenido “una relación o coordinación para sacar el país adelante”, lo cual es positivo. “Pero no es cierto que nos debamos a otra función del Estado, y lo hemos demostrado con hechos. Yo, como presidente del Consejo, he sido transparente en mis votaciones, siempre han sido consecuentes en todos los procesos para la selección de ternas con verificaciones rigurosas”. Y sobre los méritos y concursos de oposición, explicó que no es una responsabilidad de los consejeros, sino de una Comisión Ciudadana.

El termómetro de la independencia en la selección del nuevo Fiscal General tendrá un indicador claro cuando se concrete la designación del Presidente de la Judicatura.

Los alcances y facultades del fiscal han cambiado significativamente desde el siglo pasado. Desde 1948 hasta 1979, su titular tenía el cargo de ministro general de justicia. Los legisladores lo elegían para un periodo de seis años. En esa época también hubo casos de ministros interinos, de 1964 a 1967 y de 1970 a 1979. Algunos de esos años coincidieron con la Junta Militar y con la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara y el posterior Triunvirato Militar. El primero en ocupar ese cargo fue Manuel Cabeza de Vaca, seguido por Alfonso Mora Bowen.

En 1979 asumió el cargo Edmundo Durán Díaz como ministro fiscal general de la Nación. Desde esa época era designado de ternas de la Procuraduría, de los presidentes de turno y del Consejo de la Judicatura.

REVISE TAMBIÉN: José de la Gasca confirma que podría postularse a la Fiscalía General tras dejar el Ministerio de Gobierno

Desde el 2007 hasta la actualidad, han ocupado el cargo de fiscal general del Estado Washington Pesántez, Galo Chiriboga, Carlos Baca Mancheno y Diana Salazar, además de fiscales que recibieron el encargo del CPCCS: Paúl Pérez Reina, Ruth Palacios y Wilson Toainga.

¿Por qué hay tanta expectativa e intereses alrededor de quién ocupará ese puesto? Para la exfiscal Mariana Yépez, la Fiscalía es la columna vertebral del proceso penal y siempre lo ha sido, pero actualmente, en el país existe mucha delincuencia, crimen organizado, contacto con la minería ilegal y el narcotráfico. En ese contexto, destaca Yépez, la atención se centra en quien estará a cargo de investigar, presentar un dictamen y sugerir que se inicie un juicio o no en las altas esferas. Sobre todo porque desde la década del 2000, en Ecuador rige el nuevo sistema procesal penal acusatorio oral, que le ha dado a la figura del fiscal mayor protagonismo y poder.

En ese escenario -agrega Yépez- hay distintos intereses sobre el cargo, incluido el político, y si la persona que lo ostenta lo usa para favorecer a sus “amigos de determinado sector y a perseguir a los enemigos”, su figura perderá peso, pues se evidenciará que no es imparcial. “.

El Fiscal es el titular de las acciones penales y decide los casos que se van a procesar y los que no, los que van a instrucción fiscal, los que se quedan en investigación o los que se archivan, indica la abogada penalista Lorena Grillo. Esa es la parte medular para la justicia-señala-, porque si no acciona, no hay proceso penal.

Antes de las reformas que empezaron a regir desde inicios de este siglo los fiscales generales recibían exclusivamente procesos de fuero y de tipo político por causas como el peculado. Ahora, y con los cambios drásticos por los que ha atravesado el país en los últimos 20 años, el cargo es más relevante, explica Grillo. “Hoy enfrentan organizaciones que tienen participación en diferentes tipos penales, son estructuras criminales que participan de una serie de delitos de manera coordinada y jerárquica y también tienen tentáculos en la justicia, en la misma Fiscalía, en los poderes políticos. Es decir, son estas empresas criminales que tienen inversiones, si se puede mal llamar así, en todo tipo de áreas dentro del mismo Estado”, dice Grillo.

REVISE TAMBIÉN: Gobierno de Daniel Noboa opta por reformas tras tomar control de la Asamblea: ¿Qué pasará con la Constituyente?

Su poder no está solo en el campo del litigio, sino en lo administrativo. Tiene tareas administrativas en cuanto a la estructura y organización interna, suscribe convenios, maneja la coordinación internacional en cuanto a delitos nacionales, internacionales y transnacionales y temas de capacitación, entre otras tareas.

El abogado Hugo Espín destaca que una arista polémica del fiscal es que hay un alto riesgo, como ya ha ocurrido, de que sea selectivo, sesgado, en cuanto a qué procesos decide darles celeridad y a cuáles no. Precisamente este tema ha sido el centro de críticas en contra de los fiscales generales electos bajo concursos dirigidos por el CPCCS.

Por ejemplo, Chiriboga fue cuestionado, inicialmente, por ser familiar político del expresidente Rafael Correa. Al terminar sus funciones, todos los dedos apuntaban hacia un gran vacío en su gestión: la falta de resultados de la investigación sobre el entramado de corrupción en los contratos en Ecuador de la firma constructora brasileña Odebretch fue uno de los más sonados. Según sus detractores, Chiriboga represó la investigación porque involucraba a personajes del gobierno de Correa, donde también fue ministro de Energía.

Aunque Chiriboga decía haber entregado miles de fojas sobre el caso a su sucesor, Baca Mancheno, no tomó ninguna decisión. Fue Baca quien, pese a haber ocupado cargos en el gobierno de Correa, procesó y acusó al entonces vicepresidente Jorge Glas de asociación ilícita en el caso Odebretch, junto al excontralor Carlos Pólit, hoy preso y sentenciado en Estados Unidos. Ambos fueron enjuiciados por recibir coimas por un total de 24 millones de dólares de la empresa brasileña. Esa decisión, a la larga, le costó el cargo a Baca, (tildado de traidor por Glas) pues fue enjuiciado y censurado por la Asamblea. Estuvo menos de un año en funciones.

REVISE TAMBIÉN: Reimberg dice que autoridades locales sabían de infiltración de Los Choneros: se refirió a Manta y otros municipios

A Baca le sucedió Diana Salazar, quien era una funcionaria de carrera en la Fiscalía. Llegó al cargo durante la presidencia de Lenín Moreno. Y si bien su selección fue considerada como una apuesta del país hacia la independencia, también hubo señalamientos en su contra por haber sido funcionaria en la administración de Moreno, como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Moreno convocó a un referéndum para cambiar la conformación del CPCCS: pasó del concurso de oposición y méritos, a la designación de sus vocales en un proceso electoral.

Salazar ejerció su cargo durante tres gobiernos: Moreno, Lasso y Noboa. Durante esos seis años, su gestión fue aplaudida y criticada. Su rol, en buena medida, profundizó la polarización que ha vivido el país, desde la década pasada: aplaudida por el anticorreísmo, criticada sin piedad desde el correísmo. Sin embargo, su salida dejó un sabor agridulce entre sus simpatizantes. Minutos después de renunciar al cargo, en mayo pasado, el gobierno de Noboa anunció que la había designado embajadora de Ecuador en Argentina.

Sus últimos años en funciones impulsó los casos Metástasis, Purga, Plaga y Amistad. Pero el que la catapultó fue el caso Sobornos, que tuvo un desenlace con la condena a 8 años de prisión a Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno. Su desempeño destacó entre sus antecesores, con un marcado protagonismo en los medios, porque proyectó la imagen disrruptiva de una mujer negra empoderada, de carácter vehemente y confontativo. Su desempeño fue el foco de sistemáticos ataques, cuestionamientos y descalificaciones, especialmente desde el correísmo, que intentó sacarla del cargo en varias ocasiones. Recibió amenazas constantes contra su vida, lo cual la condenó a vivir con un dispositivo permanente de seguridad.

Si bien tuvo una aprobación generalizada por sus aciertos y celeridad en importantes investigaciones, Salazar también fue criticada por una supuesta selectividad al decidir en qué temas concentrar su atención: mientras apretaba el acelerador en los casos que incluían al expresidente Rafael Correa y sus excolaboradores, en otros, relacionados con otros gobiernos no hubo la misma agilidad, según juristas consultados.