Se revela el modus operandi de una organización criminal para delinquir en cajeros automáticos
Retirar dinero de un cajero automático se convirtió en un suplicio para las víctimas de una presunta organización delictiva que, tras la investigación de Fiscalía, fue desarticulada la madrugada del 7 de septiembre de 2022 en Quito.
En un trabajo coordinado con agentes de la Policía Nacional se identificó a cinco personas que se habrían asociado ilícitamente para perjudicar a ciudadanos, principalmente de la tercera edad, cambiándoles sus tarjetas de débito para luego apoderarse del dinero de sus cuentas.
Tras varios allanamientos ejecutados en Quito, Oliver F., Manuel M., José R., Pedro A. y Erika C. fueron detenidos y procesados durante la audiencia de formulación de cargos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para estafa.
La fiscal especializada en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional (Fedoti), Paulina Oñate, fundamentó su teoría ante un Juez de Garantías Penales, explicando que el ‘modus operandi’ de esta supuesta organización consistía en averiar los cajeros automáticos para que las víctimas tengan problemas al momento de utilizarlo.
Uno de los procesados ofrecía “ayuda” limpiando la banda magnética de la tarjeta, pero en ese momento cambiaban el documento real por un soporte plástico similar al bancario. Mientras eso ocurría, otro integrante se encargaba de mirar al afectado, mientras digitaba su clave de seguridad. Con la contraseña en su poder, los procesados se trasladaban en un vehículo a otros cajeros para apoderarse del efectivo.
La fiscal Paulina Oñate contó con las versiones de trece víctimas, quienes reconocieron a los procesados como los responsables del perjuicio económico que sufrieron. Además, expuso los informes de vigilancias y seguimientos a los procesados, que evidenciarían la manera en que operaban los sospechosos.
Entre los indicios levantados en los allanamientos están las tarjetas de plástico en blanco que habrían empleado los procesados para cometer el delito. Asimismo, se encontró el vehículo en que se movilizaban a los cajeros de distintos puntos de la ciudad y los valles.
La Fiscal solicitó al Juez prisión preventiva para Oliver F., Manuel M. y José R., pedido que fue aceptado.
Respecto a Pedro A. y Érika C., Fiscalía requirió las medidas alternativas de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. En el primer caso, debido a que el procesado tiene 75 años; mientras que la otra imputada tiene a su cuidado dos niños de 3 y 9 años. Esas medidas cautelares también fueron aceptadas por el Juez.
Según lo estipulado en el COIP sobre el delito de asociación ilícita, es "cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años".
