Este 20 de mayo de 2019, la Corte Constitucional, a través del juez ponente Alí Lozada Prado, llamó a audiencia sobre una nueva Consulta de Norma de un nuevo caso de una pareja del mismo sexo que lucha por contraer matrimonio, Rubén Salazar y Carlos Verdesoto.
La Consulta de Norma fue realizada por la una jueza de Unidad Judicial Civil respecto de la constitucionalidad de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. La Jueza consultante consideró que las mencionadas normas son contrarias a derechos fundamentales como el de igualdad y no discriminación.
El 29 de marzo de 2019 se efectuó una audiencia sobre la primera Consulta de Norma de matrimonio igualitario de la pareja conformada por Efraín Soria y Javier Benalcázar, cuyo juez ponente fue Ramiro Ávila Santamaría. La Consulta de Norma del caso Soria-Benalcázar fue realizada por el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha en lo que respecta a la constitucionalidad y aplicación de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"También queremos recordar, sobre todo a la Corte Constitucional, que la Constitución en su artículo 428 determina el plazo de 45 días para que la Corte Constitucional resuelva una Consulta de Norma, y en ese sentido la Corte Constitucional ya incumplió el plazo que determina la Constitución en el caso de Soria-Benalcázar. Y en lo que respecta al caso actual Salazar-Vedesoto, los 45 días corren a partir del 27 de marzo, día en que la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la Consulta formulada", indica la organización Matrimonio Igualitario en un comunicado.
Hacen un llamado a la Corte Constitucional a que cumpla los plazos constitucionales y legales y deje de realizar dilaciones que afectan directamente la consecución de los derechos de las poblaciones LGBTI.
El Matrimonio Civil Igualitario en el Ecuador nació el 5 de agosto de 2013 con la presentación de Gabriela Correa y Pamela Troya en el Registro Civil de San Blas de Quito acompañadas por activistas LGBTI, personajes públicos como Juana Guarderas, Monserrat Astudillo y Andrés Crespo, y el abogado de la pareja Ramiro García Falconí, reiteran.
Una vez que el Registro Civil anunció por escrito su negativa a casar a la pareja Correa-Troya, esta presentó una acción de protección de fue negada en primera y segundas instancias. En junio de 2014, la pareja presentó una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, como última instancia nacional, y esta admitió a trámite dicha acción el 9 de diciembre de 2014, tiempo a partir del cual la Corte Constitucional no ha realizado ninguna gestión para resolver el caso Correa-Troya.
Según explican en el documento remitido a los medios, la “Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI”, declara que la lucha del “matrimonio homosexual” empezó hace 20 años. "Además utilizando la palabra segregadora “homosexual” para dar otra connotación a una lucha que busca un acceso igualitario y no discriminatorio a un derecho que ya existe para parejas de distinto sexo, así que llamarlo “matrimonio homosexual” es inadecuado y ofensivo", recalcan.
Aparte de la causa Correa-Troya, las 10 restantes que están en litigio están siendo patrocinadas por la Fundación PAKTA (ocho casos) y el Colectivo Jurídico Feminista (dos casos), y ninguno de esos casos está siendo ni patrocinado ni apoyado por esta supuesta Federación.
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