Las instituciones no articulan acciones para frenar la violencia, concluye la Asamblea
El informe de la Comisión de Seguridad apunta a una responsabilidad compartida entre todas las instituciones en el tema de inseguridad y masacres carcelarias.
El Pleno de la Asamblea aprobó, con 131 votos, el informe de la Comisión de Seguridad Integral sobre la crisis carcelaria en el país, cuyo último episodio de violencia dejó más de 60 reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral. El informe de mayoría es contundente y fue elaborado antes de la última matanza.
Tras seis meses de investigaciones, comparecencias, pedidos de información, visitas a las cárceles, entre otras actividades, el informe, en términos generales, identifica una serie de fallas y vacíos en las instituciones que tienen la misión, directa o indirectamente, de garantizar la seguridad en el país y el control de las cárceles.
El asambleísta Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión, aseguró que los elementos que sumaron para terminar en esta crítica situación son la falta de política pública con enfoque en Derechos Humanos y ausencia de una “política criminal”; una débil capacidad estatal para aplicar un verdadero sistema de rehabilitación; falta de personal, falta de infraestructura, de dotación de equipos, ausencia de un sistema de inteligencia, entre otros.
“Lo más grave es que hay una desarticulación de todas las instituciones vinculadas al tema de seguridad”, dijo. Agregó que el rol del sistema judicial frente a esta problemática ha sido de indiferencia e indolencia, no se garantiza un acceso eficiente y oportuno a la justicia. Responsabilidad que comparten instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, inclusive la Función Legislativa:
Lo aprobado
La investigación realizada por la Comisión deja al descubierto la serie de fallas institucionales para garantizar la seguridad ciudadana y para frenar la violencia en las cárceles. En el documento de mayoría se recuerda que el presidente de la República, Guillermo Lasso, designó de manera tardía al presidente del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que se concretó recién el 1 de octubre de 2021. “Evidentemente, esta demora generó que el Directorio no se reuniera oportunamente, por lo cual el propio SNAI ha tenido que generar las propuestas de política pública”.
Sobre el Ministerio de Defensa, la Comisión señala que gran parte del problema carcelario pasa por la disponibilidad de armas y municiones en el país, en general, y en las cárceles de manera particular. “El control de las fronteras y el no ingreso de armas de contrabando es un factor clave para disminuir los índices de violencia. Al respecto, el Ministerio de Defensa señala que cuenta con una Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte, sin señalar los impactos reales que ha tenido dicha política”, señala la investigación.
Concluye que las “FF.AA. parecen no estar preparadas para asumir los desafíos en materia de seguridad del siglo XXI, a pesar de que, conforme al análisis de presupuestos realizado por esta Comisión, es de las carteras con menor impacto en la reducción”.
Con relación al Centro de Inteligencia Estratégica, se descartó que exista un plan de inteligencia y tampoco se evidenció que el mismo se encuentre en proceso. “Al no haberse aprobado un Plan de Inteligencia, es previsible que el actual gobierno, más allá del discurso y las buenas intenciones, no cuente con el norte y la visión necesaria para prevenir y enfrentar las graves amenazas al Estado, lo que da cuenta de una debilidad institucional que requiere intervención urgente”.
Señala también que existió incumplimiento de funciones por parte de todas las autoridades que estuvieron al frente de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, desde su creación. Mientras que la Asamblea no evaluó la eficacia del Código Orgánico Integral Penal y que, por el contrario, con reformas posteriores se restringió el acceso a beneficios penitenciarios a muchos presos.
La resolución del pleno
Con estos elementos, el Pleno aprobó una resolución en la que establece que la situación que viven las cárceles del país es una prioridad nacional a ser tratada y que los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad de los reos y el resto de la sociedad.
Pide a todas las instituciones del Estado que desarrollen de manera inmediata un protocolo de observancia a las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos de los reclusos, y recomienda la reestructuración del sistema penitenciario y del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
A la Defensoría del Pueblo se le solicita que inicie un proceso por la vulneración de los Derechos Humanos de las víctimas de las masacres perpetradas en las cárceles del país. Y al Estado, que determine determine medidas de reparación integral a las víctimas y sus familias
La CIDH visitará el país
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que entre el 1 y el 3 de diciembre cumplirá una visita de trabajo al Ecuador para analizar la situación de las cárceles, que se han caracterizado por altos niveles de violencia.
El organismo internacional dejó constancia de su preocupación por la masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral el fin de semana.
La CIDH pidió al Estado que adopte medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia; que investigue, identifique y sanciones a los responsables de la masacre y que tome acciones para evitar que estos hechos se repitan.
Si bien, reconoce las medidas tomadas por el Gobierno para retomar el control de la cárcel, señala que el Estado debe implementar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en las cárceles. Por ejemplo, prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en instalaciones penitenciarias, imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad, e incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior; así como “investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial (con debida diligencia) los hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos”.
Según las cifras de la Comisión Interamericana, en lo que va del año 316 detenidos han sido asesinados en las cárceles ecuatorianas, cifra que representa un considerable incremento de muertes violentas en detención respecto a los 46 fallecimientos reportados en 2020.
