Caso fundas para cadáveres: Fiscalía concluye la presentación de pruebas en audiencia por presunto peculado
Luego de 25 días de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó con la presentación de su prueba contra los ocho procesados por su presunta participación en un delito peculado, que se habría cometido en la contratación de insumos médicos –incluidas fundas para cadáveres– con aparente sobreprecio por parte del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Los Ceibos, en Guayaquil.
La fiscal del caso, Claudia Romero, convocó un total de 112 testigos y peritos, y presentó 126 pruebas documentales, que deberán ser valoradas por el Tribunal de Garantías Penales.
Los medios probatorios ingresados confirmarían la tesis de Fiscalía, que sostiene que Susana M., Cristina G. y Johana V., como funcionarios del Hospital de Los Ceibos, abusaron de sus atribuciones, disponiendo arbitrariamente de dinero público en un proceso contractual con sobreprecio y sin un adecuado estudio de mercado, en el que se asignó una partida presupuestaria por el valor de 872.000 dólares.
Este proceso habría favorecido a terceros, entre ellos la representante de la empresa adjudicada, Sandra R., coadyuvando a la adjudicación y ejecución de este proceso contractual los procesados Daniel Salcedo, Alejandro B., Lenin R. y Jorge S.
La prueba evidenciaría una serie de inobservancias a la normativa de contratación pública, aprovechándose de la declaratoria de estado de excepción y de emergencia sanitaria, y del confinamiento por la pandemia de Covid-19; y un injustificado incremento en los rubros de los insumos adquiridos, entre estos fundas para cadáveres, a un costo de 148 dólares por unidad, cuando –al momento de los hechos que se investigan– el valor en el mercado era mucho menor.
Los testigos convocados por Fiscalía informaron al Tribunal sobre esas irregularidades, las cuales fueron confirmadas por los informes periciales y la documentación ingresada, que deberá ser analizada en su conjunto.
Este caso fue investigado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la FGE, que fue creada por la máxima autoridad de la Institución para atender casos de corrupción desencadenados durante la emergencia sanitaria en Ecuador.
