Funcionarios del SRI son investigados por cobrar el IVA de empresas privadas: hay tres sentenciados
Tres personas fueron condenadas por delincuencia organizada, tras haber modificado unas claves de acceso en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a empresas privadas.
La Fiscalía inició las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, luego de una denuncia presentada por la directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana. Por lo que la madrugada del 9 de marzo de 2021, con la participación de diez agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en los cantones de Guayaquil y Durán, en los que nueve personas fueron detenidas.
Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habrían cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habría ocasionado un perjuicio aproximado de 400.000 dólares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas, los endosos originados por la devolución del IVA.
Posteriormente, el 14 de junio de 2021, Fiscalía vinculó a otras cinco personas, entre ellas, otra funcionaria del SRI. A todos ellos les dictaron medidas cautelares de presentación ante Fiscalía y prohibición de salida del país.
Este jueves 20 de enero de 2022, la Fiscalía del Guayas informó que–en audiencia de procedimiento abreviado– obtuvo sentencias de veinticuatro y treinta meses de prisión para Julio C. S., Stalin P. M. y Luis V. P. por el delito de delincuencia organizada, debido a su participación en defraudación tributaria y falsedad documental. Ellos aceptaron su participación en el hecho.
En la audiencia, que se desarrolló en la Unidad Judicial Florida Norte, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Franklin Muzzio Manrique, presentó como elementos de convicción: la denuncia de la directora zonal 8 del SRI, el parte de aprehensión, el informe policial de la Unidad de Investigaciones Antidelincuencial (UIAN) de la Policía, las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este último confirmó la relación de los beneficiados con los endosos de las notas de crédito.
El SRI, como parte de la acusación particular –a través de la procuradora del Departamento Jurídico, Claudia Alcócer, presentó los informes de responsabilidad penal y los acuerdos de las claves con firmas falsas utilizadas en el ilícito.
La jueza de Garantías Penales, Ángela Bustillos, dispuso, además, que los tres procesados, además, deberán pagar una multa de veinte salarios básicos unificados (8.500 dólares) y 25.000 dólares –cada uno– como reparación integral a las compañías afectadas.
Los procesados se acogieron a la concesión de los beneficios del procedimiento abreviado, a los cuales tienen derecho los participantes del proceso que demuestren una colaboración eficaz, con la cual se benefician de una pena reducida a cambio de información relevante que ayude a Fiscalía a resolver el caso.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
