Envían carta al presidente Daniel Noboa sobre denuncia de minería ilegal en Napo
A pesar de eso las actividades de minería ilegal que mueven un mercado negro de millones de dólares y, que según denuncias de colectivos sociales, vinculan a autoridades y exautoridades locales, continúa en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.
Precisamente, un ciudadano envió una carta al presidente Daniel Noboa, sobre un foco de minería ilegal en la comunidad Chucapi, en el cantón Julio Arosemena Tola, con las coordenadas geográficas y los nombres de las personas que estarían vinculadas. Entre estas personas se hallaría a un exfuncionario de la Empresa Nacional Minera (Enami).
Según la denuncia, que adjunta fotos y otros documentos, estarían operando al menos una docena de retroexcavadoras, algunas de ellas serían las que estuvieron en Yutzupino. El daño ambiental abarcaría 80 hectáreas. Por si fuera poco, la zona es parte de concesiones mineras que se otorgaron de manera aparentemente irregular en 2017.
Hace un mes, las Fuerzas Armadas intervinieron las zonas de Talag (Napo) y Punino (Orellana), donde lograron destruir 15 retroexcavadoras. Todos temen que estos focos de minería ilegal se conviertan en un nuevo “Yutzupino”. El nuevo gobierno aún no se ha pronunciado por los problemas de minería ilegal.
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DENUNCIAS SIN RESPUESTA
La asambleísta por Napo, Sandra Rueda, espera que esta denuncia sirva para ponerle al tanto de los problemas de minería ilegal al nuevo Gobierno, ya que las afectaciones no solo ocasionan un tremendo daño ambiental, sino también hay afectaciones a la salud de los pobladores que usan los ríos como fuente de agua y pesca. Además, resalta que hay una mafia organizada entre mineros ilegales, autoridades locales y empresas o personas que tienen concesiones legales. Eso hace que, al no saber cuánto oro sale de las concesiones, les evite pagar impuestos al fisco.
Por otra parte, señala que ha aumentado la violencia y ya se registran varios casos de sicariato vinculados a la minería ilegal en Tena, sin contar problemas sociales como la aparición de prostíbulos con menores de edad.
Rueda es parte de los colectivos sociales que han denunciado actividades de minería ilegal en Napo desde hace más de una década. Pertenece a la bancada de Construye y quería formar parte de la Comisión de Biodiversidad y recursos No Renovables de la Asamblea para, desde allí, fiscalizar las denuncias, pero la mayoría legislativa la relegó a la Comisión de Soberanía y Seguridad Nacional. No obstante, dice que desde allí enfocará su trabajo de combate a la minería ilegal porque también es un tema de seguridad.
Por su parte José Monero, miembro del colectivo Napo Ama La Vida, dice que no se resolverán los problemas mientras siga la impunidad y no se haga nada con las denuncias contra las autoridades que son cómplices.
El miércoles 29 de noviembre se desarrollará en Napo una audiencia por una acción de protección para que los ministerios de Ambiente y Energía, y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables respeten una sentencia que obliga elaborar y ejecutar un plan de restauración y recuperación en las zonas afectadas por la minería ilegal. Además, está en juego la reversión de algunas concesiones mineras, entre ellas, las de la empresa Terraearth. Moreno espera que eso sea un precedente para la restauración y para que se empiece a investigar para identificar y sancionar a los responsables de los delitos de minería ilegal.
