El suicidio de una chica que fracasó dos veces en la prueba “Ser Bachiller” alentó una discusión política para eliminar la prueba. Datos oficiales muestran que la educación media es deplorable en los sectores rurales empobrecidos, limitando su acceso a la universidad pública.
Ninguno de los 88 jóvenes de la parroquia rural San Miguelito, provincia de Tungurahua, que rindieron la prueba “Ser Bachiller” en junio de 2019, pudo estudiar medicina o alguna ingeniería en las mejores universidades públicas del país, que exigen puntajes superiores a 950 sobre mil. Esto no lo dicen los políticos que piden eliminar la prueba; tampoco lo informan las autoridades que la defienden como una manera de ofrecer acceso igualitario a la educación superior.
Nadie prestó atención a San Miguelito, cantón Píllaro, hasta fines de enero, cuando circuló la noticia de una chica que se suicidó días después de fracasar en su segundo intento en la prueba “Ser Bachiller”. Evelyn Iza Criollo se graduó del colegio el año anterior y quería estudiar sicología en la Universidad Técnica de Ambato, pero fue imposible.
Según datos de 2018 de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt), en la universidad ambateña hubo más de 600 postulantes a esa carerra, con un promedio de 934 puntos en el examen “Ser Bachiller”, pero solo se abrieron 40 cupos. Es una competencia fuerte que restringe el acceso en todas las carreras y universidades públicas del país.
Evelyn obtuvo alrededor de 700 puntos en su primer intento en junio, nota que repitió en enero, pese a que asistió a un curso privado de preparación. “Ella quería ir a la universidad de Ambato, su hermana estudia contabilidad allá, en un instituto. Pagamos 250 dólares en el preuniversitario y terminó así”, dice Zenaida Criollo, madre de la chica, quien se dedica a la agricultura en el barrio San Juan, parte alta de la parroquia.
Pero no solo fue problema de Evelyn. Ninguno de sus compañeros que rindieron la prueba en la “Unidad Educativa 12 de Noviembre”, donde hizo la secundaria, habría podido ingresar a esa carrera, ni a otra con mayor exigencia, según las bases de datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), en las que aparecen los puntajes de miles de estudiantes que rinden el examen cada vez que se abre la convocatoria.
De entre los compañeros de Evelyn, ninguno superó los 900 puntos y apenas tres sobrepasaron los 800. Una tercera parte que obtuvo entre 700 y 799, quizá fueron aceptados en institutos tecnológicos o carreras poco cotizadas. La mayoría, el 64 por ciento, pudo haber quedado fuera de la posibilidad de continuar estudios de tercer nivel en una institución pública. La única alternativa es estudiar en un centro privado, donde el examen “Ser Bachiller” no es requisito.
Pero que puedan pagar una universidad particular es lo menos probable en San Miguelito, una parroquia de la Sierra centro, con cinco mil habitantes, pero con mucha historia. En uno de sus 14 barrios, Huaynacurí, nació el inca Rumiñahui. Allí, en la hoya de Patate, más de la mitad de su población se dedica a la agricultura y ganadería, que reporta ingresos mínimos; la otra mitad, al comercio, dependencias públicas, artesanías y otras actividades. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza el 76 por ciento, por falta de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, según datos del INEC y el Plan de Desarrollo Parroquial.
No hay mayores oportunidades para quienes salen del colegio: se enfrentan a competir por un cupo o siguen el destino de sus padres. La mamá de Evelyn dice que pensaron enviarla a una universidad privada. “Pero costaba más de 1.000 dólares el semestre. Yo le dije que vea otra carrera como policía o belleza. Desde que salió del colegio me ayudaba en la casa, en el terreno y cuidando a mi hija menor de cuatro años”, relata.
Un problema más profundo
Luis Miguel Aymara tiene 18 años. Estudió en el mismo colegio que Evelyn, pero se graduó un año antes. Desde entonces, Luis ayuda a su papá en la agricultura y ganadería, esperando ingresar a la Policía Nacional. No necesita de puntajes altos en la prueba “Ser Bachiller”, sino simplemente una nota superior a 700 para esta profesión. Dice que muchos de sus compañeros esperan su turno para la Policía o el Ejército, mientras se emplean en el campo; unos pocos fueron a universidades de Guaranda y Riobamba.
Parecen no existir mayores aspiraciones en San Miguelito. Un 31 por ciento de los estudiantes que se gradúan del colegio anhela una ingeniería; solo el 1,2 por ciento aspira trabajar en la agricultura, pese a que sus padres requieren de tecnificación del campo. Son datos de una encuesta que aplica el Ineval a todos los bachilleres, junto con la prueba. Nadie, en esa zona, eligió biología o química. Y un cinco por ciento dijo no querer ir a la universidad.
En contraste, en el tercer mejor colegio del país, ubicado en Latacunga, 21 de sus estudiantes obtuvieron 1.000/1.000 en la “Ser Bachiller”. El 38 por ciento de ellos indicó que aspira estudiar medicina o afines; 19 por ciento apuesta por ingenierías; 7,1 por ciento por biología; mientras los que no quieren ir a la universidad ni siquiera se acercan al uno por ciento. Es un colegio privado, en una ciudad con servicios, donde los jóvenes tienen mayores oportunidades y aspiraciones.
Tal vez si Evelyn nacía en una de las principales ciudades del país y, quizá, si asistía a un colegio privado o municipal, seguramente habría ingresado a la carrera que deseaba. Tras su muerte, muchos políticos usaron su historia ofreciendo eliminar el examen “Ser Bachiller”, mientras un joven que dijo ser cercano a la chica aseguró en redes sociales que ella se quitó la vida por otros motivos, sin especificar cuáles.
Lo que sí confirmó a Vistazo la madre de Evelyn es que su hija fracasó en la prueba y lamenta que ninguna discusión le devolverá a su niña.
Cupos restringidos
Según datos de la Senescyt, desde 2012 hasta 2019, más de 2,2 millones de estudiantes rindieron la prueba “Ser Bachiller”, pero hubo solo 1,1 millones de cupos en las universidades públicas. Obviamente, quienes mayores puntajes obtienen, son quienes logran ingresar. Es la gran crítica al sistema.
En la Universidad Central, en Quito, en 2018, había 250 cupos para Medicina y 4.358 aspirantes. En la Universidad de Guayaquil se postularon 959 bachilleres para estudiar Comunicación, pero eran solo 300 cupos. En la Politécnica Nacional, 421 chicos querían estudiar Ingeniería Civil; se asignaron 68 cupos.
Edwin Palma, director del Ineval hasta el 5 de febrero, reconoció ante los medios que la oferta pública es limitada y que hacen falta más universidades. Pero advierte que, si se elimina la prueba, se generará un caos porque cada universidad y colegio asumirá su propia forma de evaluación y acceso, mermando la calidad de la educación. Si bien es cierto, la prueba y las encuestas a los bachilleres permiten ver las realidades de una manera objetiva, como el caso de San Miguelito, también generan una barrera para los más pobres.
El puntaje de “Ser Bachiller” corresponde al 60 por ciento de la nota. El otro 40 por ciento al currículum académico. Antes, la única nota que servía era la del examen que inició en 2012 con el nombre de ENES. Pese a esta reforma, el exministro Milton Luna, quien dirige la organización Contrato Social por la Educación, afirma que la prueba Ser Bachiller sigue teniendo un enfoque punitivo: “Evalúa para sancionar y excluir de la universidad pública”. Cree que no es necesario eliminar el examen pero sí revisarlo y adaptarlo a las realidades del país, pues está claramente demostrado que estudiantes de colegios privados, municipales y de grandes ciudades, obtienen mejores notas que en el campo.
La discusión puede ser larga, pero hay algo claro: si se elimina la prueba, el Estado se queda sin información de las asimetrías sociales y educativas para impulsar políticas que mejoren la situación. Pero, si continúa así, se seguirá excluyendo a sectores desprotegidos de una educación superior de calidad. La realidad del país es que no todos están en las mismas capacidades para “Ser Bachiller”.