Con motivo de la Consulta Popular y Referendo 2025, convocados por el Gobierno de Daniel Noboa para el domingo 16 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la aplicación de la Ley Seca en todo el territorio ecuatoriano. Esta medida, habitual en los procesos electorales, busca garantizar el orden público y el correcto desarrollo de la jornada democrática.
La Ley Seca prohíbe la venta, consumo y distribución de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado antes y después del proceso de votación. Su incumplimiento puede generar sanciones económicas y administrativas, según lo establecido en el Código de la Democracia. De esta forma, las autoridades buscan asegurar que los ciudadanos acudan a las urnas en un ambiente seguro y libre de incidentes.
De acuerdo con el Código de la Democracia, quienes infrinjan la Ley Seca deberán pagar una multa de USD 235, equivalente al 50% de una remuneración básica unificada. En el mismo artículo se señala que esta prohibición entra en vigencia 36 horas antes de las elecciones, hasta 12 horas después.
El CNE también ha habilitado un micrositio oficial de voto informado, en el que los ecuatorianos pueden revisar las cuatro preguntas que se someterán a votación: tres referidas a reformas constitucionales y una a consulta popular. Además, el organismo calificó a las organizaciones políticas y sociales que podrán hacer campaña en favor o en contra de las propuestas del Gobierno.
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El proceso del 16 de noviembre se proyecta como uno de los eventos políticos más relevantes del año, ya que abordará temas como la posible instalación de una Asamblea Constituyente, entre otros aspectos institucionales. En ese contexto, la Ley Seca representa un componente clave para mantener la transparencia y la tranquilidad durante los días previos a la votación.