“En Ecuador se recurre a la humillación pública"

David Kaye es desde agosto de 2014 el nuevo Relator Especial para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas.

El Presidente ha invitado a simpatizantes a denunciar la identidad de quienes lo insulten o difamen en redes sociales. ¿Ha visto un caso similar?
Lo que estamos viendo aquí, donde el Presidente está tratando de avergonzar a quienes lo insultan, entre comillas, en Twitter, es similar a lo que vemos por todo el mundo. Pasa mucho en Asia Suroriental, en Tailandia existe una ley llamada “lesa majestad” que prohíbe criticar al rey. Definitivamente es muy común y es claramente una violación de la libertad de expresión. Hay países en que criticar al gobierno es criminalizado y hay otros como Ecuador donde se recurre a la humillación pública y es un esfuerzo que frena la discusión política.

Parte de su trabajo consiste en detectar el hostigamiento, persecución e intimidación contra personas que traten de ejercer la libertad de expresión. ¿Eso es lo que está pasando aquí?
Ciertamente así parece. Que el gobierno organice una especie de intimidación contra quienes critican personalmente al Presidente, me parece un esfuerzo para desincentivar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Hay un debate mundial sobre si se debe regular en las redes sociales los mensajes que promuevan el odio. ¿Qué significa promover el odio?
Es muy vago, deja mucha discreción a los gobiernos y ese es un problema. Bajo la ley de derechos humanos, la libertad de expresión no se extiende a la incitación al odio, la discriminación y la violencia, pero para decidir qué es exactamente incitación al odio se necesitan lineamientos muy claros para que no se restrinja el derecho legítimo a la expresión.

Si una persona, cuya identidad ha sido revelada por el Presidente en su cadena de televisión, fuera atacada, ¿podría esa persona alegar que el Presidente incitó a la violencia en su contra?
Bajo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos todos tienen derecho a una remediación y reparación. Si un individuo puede probar que un gobernante incitó la violencia en su contra debería tener derecho a alguna forma de remediación. Ahora, puede ser muy difícil legalmente probar que el Presidente incitó a una persona en particular a actuar violentamente contra otra, pero como un asunto político, este tipo de responsabilidad ulterior debe estar disponible para la gente. Sea o no susceptible de una demanda, tomarse la molestia de resaltar y reprochar a individuos que lo han criticado, me parece que está por debajo de quien ejerce una función pública.

¿Está el derecho a la libertad de expresión relacionado en alguna forma con el anonimato?
Si, pensemos en las formas en que podemos usar el anonimato: podemos usarlo para expresar una opinión poco popular si no queremos ser atacados o podemos ser una minoría que se enfrenta a la hostilidad, la intimidación y la violencia. Hay muchas maneras en que el anonimato fomenta la libertad de expresión. A veces la gente necesita debatir anónimamente, y que un oficial de gobierno diga lo contrario es bastante problemático.

¿Ha tenido usted algún acercamiento con el gobierno del Ecuador?
Desde el 2012 está pendiente una solicitud del anterior relator, Frank La Rue, para realizar una visita al país. Yo apreciaría mucho la oportunidad de visitar el país y de hablar con miembros del gobierno y de la sociedad civil sobre estos asuntos.

El Presidente expuso la identidad de un tuitero que publicó que el gobierno “roba”. ¿Sería ese tuitero imputable por difamación?
Hay una diferencia. Una cosa es la difamación entre individuos, entre ciudadanos comunes. Pero si alguien dice que el gobierno “está robando” o se queja de que el presidente “se roba nuestro dinero”, por ejemplo, es muy diferente. Ir detrás de un individuo por decir algo así es una receta para socavar la voluntad del ciudadano de participar en el debate público.

¿Puede explicar por qué si un ciudadano difama a otro es distinto de que difame al Presidente?
Si un individuo difama a otro, si miente diciendo que es deshonesto, ladrón, indigno de confianza, eso puede causar que lo despidan, que se quede sin sustento y con su reputación arruinada. El afectado podría demandar por el daño causado y si puede probar que el individuo mintió, el culpable debe compensarlo. Pero si un ciudadano dice lo mismo sobre el Presidente o sobre una autoridad, es muy distinto, no le causa un daño inmediato en su sustento, y en cuanto a su reputación, los gobernantes tienen los recursos para responder e informar a la población cuál es la verdad. Pensar que un tuitero o un usuario de Facebook puedan dañar tan gravemente la reputación de una autoridad o de un Presidente parece simplemente un método para intentar que la gente deje de criticar.