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Quito.- El Ministerio de Justicia de Ecuador informó de que se encargará de ejecutar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de una mujer que en 1998, cuando tenía apenas tres años de edad, fue infectada con VIH en una transfusión de sangre.
"Brindar gratuitamente y en forma oportuna el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, así como el suministro gratuito de los medicamentos que requiera, además del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional", son parte de las reparaciones ordenadas por la CorteIDH, recordó el Ministerio en un comunicado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo emitido este viernes, condenó al Estado ecuatoriano por la violación a los derechos de Talía G. L., quien fue infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante una transfusión de sangre en 1998.
El Gobierno ecuatoriano, como parte del cumplimiento de la sentencia, concederá "una beca sin ningún tipo de condición para que Talía G. continúe sus estudios universitarios y posteriormente un posgrado", señaló un comunicado del Ministerio.
Asimismo, añade que el Estado ecuatoriano asumirá la reparación económica por el "daño material e inmaterial, costos y gastos por la tramitación del proceso, la entrega de una vivienda digna en el plazo de un año, a título gratuito y la realización de un programa para la capacitación de funcionarios en salud sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH".
La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, destacó en el comunicado el compromiso para cumplir con las resoluciones de la CorteIDH, lo que ratifica, según dijo, el apego del Gobierno ecuatoriano "con la plena vigencia de los derechos fundamentales del ser humano".
"Nuestro país ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), en señal del absoluto respeto de las normas internacionales", apuntó la ministra.
"Acogemos con seriedad lo emanado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como únicas resoluciones de carácter resolutivo y de obligatorio cumplimiento", agregó Zúñiga.
Talía G. L. fue infectada con VIH en 1998 durante una "transfusión proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja y efectuado en una clínica privada en la localidad de Cuenca, provincia de Azuay", en el sur del país.
En su sentencia, la CorteIDH afirmó que "la precariedad e irregularidades en las que funcionaba el banco de sangre del cual provino la sangre para Talía es un reflejo de las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las obligaciones de supervisar y fiscalizar por parte de los Estados".
"La insuficiente supervisión e inspección por parte del Estado de Ecuador dio lugar a que el banco de sangre de la Cruz Roja de la Provincia del Azuay continuara funcionando en condiciones irregulares que pusieron en riesgo la salud, la vida y la integridad de la comunidad", agregó la Corte.
El fallo afirma que "esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había sido sometida a los exámenes de seguridad más básicos, como el de VIH, fuera entregada a la familia de Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su infección y el consecuente daño permanente a su salud".
La sentencia también afirma que Talía y su familia sufrieron afectaciones al ser discriminados, aislados de la sociedad y viviendo en condiciones económicas precarias, ante lo que el Estado no tomó las medidas necesarias.
En cuanto a reparaciones económicas que deberá pagar el Estado ecuatoriano, los jueces fijaron en 100.000 dólares el daño material y en 350.000 dólares el daño inmaterial causado a Talía.
También por daño inmaterial, el Estado deberá entregar a la madre de Talía, Teresa L., 30.000 dólares y al hermano, Iván L., 25.000 dólares.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio. EFE
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