Mauro Andrés J. B. y Juan Martín R. G. fueron sentenciados a 10 años de prisión como autores del delito de lavado de activos, en un caso relacionado con la captación ilegal de dinero a través de negocios digitales y criptoactivos. Según la acusación de la Fiscalía, entre ambos habrían lavado aproximadamente USD 3,6 millones.
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La resolución fue anunciada por el Tribunal el jueves 24 de septiembre de 2026, durante la última jornada de una audiencia de juzgamiento que se desarrolló durante nueve días y concluyó de forma telemática.
Además de la pena de cárcel, los jueces impusieron una multa equivalente a tres veces el monto lavado. Tomando como referencia los USD 3,6 millones atribuidos a los condenados, la sanción económica ascendería a aproximadamente USD 10,8 millones.
El juicio había comenzado el pasado 4 de agosto. Para sustentar su acusación, la Fiscalía presentó los testimonios de siete personas y la intervención de 10 peritos especializados en diferentes áreas.
Entre las pericias constaron análisis relacionados con marketing, derecho, finanzas, criminalística, informática, inspección ocular técnica, identificación humana y audio y video.
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La Fiscalía también incorporó documentación proveniente de instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Bolsa de Valores, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio del Trabajo y Registro Civil.
Una alerta detectó más de USD 24 millones en movimientos inusuales
La investigación de la Unidad Antilavado de Activos comenzó en febrero de 2023, después de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la UAFE.
La alerta identificó más de USD 24 millones que habían ingresado al sistema financiero ecuatoriano mediante operaciones consideradas inusuales y sin justificación. Esta cifra corresponde al universo de movimientos que originó la investigación y supera ampliamente los USD 3,6 millones que posteriormente fueron atribuidos a los dos hombres ahora condenados.
El expediente, sin embargo, involucra a más procesados. En abril de 2026 fueron llamados a juicio 11 personas naturales y nueve personas jurídicas dentro de la causa.
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El juzgamiento no ha podido avanzar respecto de todos los involucrados. El proceso permanece suspendido para quienes se encuentran prófugos y para las empresas que actualmente no cuentan con un representante legal habilitado para comparecer ante el Tribunal.
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