María Rosa Pulley, esposa del expresidente Abdalá Bucaram, presentó una acción de habeas corpus tras la orden de captura dictada contra el exmandatario para garantizar su comparecencia a la audiencia en la que se emitirá la sentencia por el caso Pruebas COVID-19, relacionado con el presunto delito de delincuencia organizada.
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La reinstalación de la audiencia volvió a suspenderse el jueves 3 de septiembre debido a una nueva ausencia de Bucaram, quien ha alegado problemas de salud. La diligencia ya ha sido diferida en seis ocasiones.
Ante esta situación, el Tribunal dispuso vigilancia policial permanente en la clínica donde supuestamente permanece internado y ordenó que sea aprehendido una vez que reciba el alta médica.
Habeas corpus para impedir su detención tras recibir el alta médica
Con el habeas corpus se busca que una eventual orden de aprehensión en contra de Bucaram no sea ejecutada de manera inmediata cuando se produzca su alta hospitalaria, si antes no se ha realizado una valoración médica que determine si el expresidente está clínicamente apto para movilizarse.
Así mismo, ente otros aspectos, la acción legal busca que se acate el tratamiento, medicación, restricciones de movilidad, seguimiento cardiológico y el periodo de recuperación prescrito, al igual que se le garantice un entorno tranquilo para su restablecimiento físico.
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El pasado jueves, un tribunal ordenó la detención de Bucaram, quien está internado en un hospital por una operación, para que comparezca a la audiencia en la que los jueces anunciarán la sentencia en un caso en el que está procesado junto a su hijo Jacobo y dos personas más.
La detención no será inmediata, ya que Bucaram está en un área de cuidados intensivos, pero los magistrados ordenaron a la Policía realizar una "vigilancia permanente" para que, una vez salga del hospital, pueda escuchar la sentencia.
Esta es la tercera vez que la audiencia se declara fallida por cuestiones relacionadas a la salud del expresidente. La primera fue el pasado 26 de agosto, cuando sus abogados y familiares anunciaron que había sido internado de urgencia por una operación de su corazón.
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Días después, Bucaram salió del hospital pero ingresó en otro diferente el pasado lunes, el mismo día en el que se iba a instalar la diligencia, que se postergó para este jueves, cuando nuevamente sus defensores aseguraron que estaba en un nuevo centro médico.
La Policía acudió esa misma tarde hasta el nuevo centro asistencial, ubicado en el norte de Guayaquil, donde los médicos le indicaron que sí estaba internado, aunque los agentes no pudieron verlo porque permanecía en cuidados intensivos.
El negocio de las pruebas COVID-19
La Fiscalía acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria".
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien "también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras".
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que se inició el 11 de abril del año pasado, después de varios aplazamientos registrados desde 2022.
El tribunal también dispuso que el Ministerio de Salud realice una auditoría a los informes que han emitido los hospitales en los que ha estado el exmandatario para, de ser necesario, pedir que se inicien investigaciones contra los centros médicos por una supuesta obstrucción a la justicia.
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