Las casas y vehículos incautados al crimen organizado podrían venderse de manera anticipada o destinarse a otros usos, según una de las propuestas de la Ley Antimafias, que este lunes 9 de noviembre de 2026 se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias, fue aprobado por la Comisión de Seguridad Integral.
El proyecto, impulsado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, busca atacar todas las formas que tiene el crimen organizado para operar.
Entre los planteamientos, busca evitar que los bienes incautados permanezcan sin utilizarse mientras el Estado continúa asumiendo los gastos de su seguridad, mantenimiento y conservación.
"Actualmente por la casa incautada o el carro sin uso, los ecuatorianos seguimos pagando la seguridad y el mantenimiento", sostuvo Mancheno durante el debate legislativo.
Esta propuesta contempla mecanismos de venta anticipada o utilización de estos bienes, a fin de evitar su deterioro y afectar las fuentes económicas que sostienen a las organizaciones criminales.
La presidenta del Legislativo destacó que la elaboración de la propuesta contó con la cooperación de Italia, país con experiencia en el combate a organizaciones mafiosas.
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Otros cambios que contempla la Ley Antimafias
La iniciativa también contempla nuevas sanciones y herramientas para combatir las estructuras criminales en Ecuador.
Entre los principales cambios constan reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ampliar las herramientas de investigación y persecución de las estructuras criminales; precisar las responsabilidades de quienes las dirigen, financian, integran o colaboran con ellas; y fortalecer las sanciones frente a delitos relacionados con el aprovechamiento ilícito de hidrocarburos y otros recursos estratégicos del Estado.
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La propuesta incorpora los delitos de desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado, con el propósito de sancionar las acciones mediante las cuales las organizaciones criminales obligan a personas y comunidades a abandonar sus hogares o restringen su movilidad para ejercer control territorial.
La reforma también establece condiciones para la acumulación de penas cuando una persona cometa tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes. Esta medida busca que las sanciones correspondan a la gravedad de las infracciones, sin permitir condenas indefinidas.
Otro de sus componentes fortalece los mecanismos de cooperación eficaz, las medidas cautelares y la protección de la administración de justicia.
Por su parte, la bancada de Revolución Ciudadana se ha opuesto al proyecto de Ley Antimafias y presentó una propuesta alternativa para combatir el crimen organizado.
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