Corrupción y perjuicios millonarios: esta es la lista de alcaldes procesados por diversos delitos

Un total de siete alcaldes han sido procesados por diversos delitos en lo que va del 2026: lavado de activos, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado. La mayoría permanece tras las rejas.

El patrón es el mismo: operativos durante la madrugada, incautación de elementos de convicción y captura de burgomaestres en el marco de investigaciones previas. Posteriormente, todos han recibido cárcel provisional mientras avanzan las diligencias de la Fiscalía.

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Por su parte, los alcaldes sospechosos han evitado responder a sus mandantes sobre los cuestionamientos en su contra y concentran su estrategia en los tribunales.

En varios casos, las autoridades han argumentado una supuesta persecución política del Gobierno de Daniel Noboa, ya que el próximo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones seccionales y algunos planeaban volver a candidatizarse con partidos contrarios al oficialismo.

En todo caso, será la justicia quien determine si son o no culpables. Por el momento, solo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha recibido sentencias por los casos Grillete y Triple A, a tres y seis años de cárcel respectivamente; aunque están por resolverse algunos recursos de apelación.

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A continuación, un recuento de los siete alcaldes detenidos en lo que va del año:

Permanece encarcelado desde febrero del 2026. Primero estuvo en la prisión de Cotopaxi y luego fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad El Encuentro en Santa Elena.

Sobre su espalda pesan tres causas: Triple A (comercialización ilegal de combustibles), Goleada (lavado de activos) y Grillete (incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente).

En el caso Triple A recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión, pero aún no se resuelve el recurso de apelación interpuesto por su defensa. Mientras que en el caso Grillete obtuvo tres años de prisión. Este expediente pasó a la etapa de casación, el último recurso que le queda al burgomaestre para intentar revertir la sentencia.

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Quedó detenido en junio de 2026 por presunto lavado de activos en el marco del caso Blindado, en el que, además del alcalde, están implicadas otras 14 personas naturales y tres empresas.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a la presunta existencia de una estructura criminal organizada que habría obtenido y aprovechado sistemáticamente recursos estatales. El monto del perjuicio ascendería a aproximadamente USD 9 millones.

La investigación sostiene que estos recursos habrían sido canalizados hacia personas del entorno cercano del alcalde, empresas vinculadas, cuentas en el exterior y la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Actualmente, el caso está en la etapa preparatoria de juicio, la cual se llevará a cabo el 18 de noviembre.

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Fue capturada en junio de 2026 por presunta delincuencia organizada y recibió prisión preventiva. La Fiscalía llamó a la investigación como caso La Jefa, ya que la funcionaria habría liderado una estructura que tramitaba irregularmente documentos de tránsito en tres cantones de Manabí.

Se emitían matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos vehiculares a cambio de dinero, entre USD 100 y USD 150. La organización habría movido más de USD 5 millones, según informó el ministro John Reimberg.

Sin embargo, Plúa quedó en libertad el viernes 30 de octubre tras la audiencia de apelación a la prisión preventiva y recibió medidas cautelares.

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Capturado en julio del 2026, Macas es el principal implicado en el caso Machalazo por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima presentada a través de la línea 1800 DELITO, en la que se alertaba sobre un presunto direccionamiento de contratos del Municipio de Machala hacia empresas de papel que tendrían vínculos con el alcalde.

De hecho, el patrimonio de Macas y su esposa, Carmen Ch. P., incrementó aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.

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Cumple prisión preventiva desde agosto del 2026 por presunto peculado junto al concejal, Edison Marcelo E., y el promotor de eventos, Gabriel Gerardo O.

La investigación se relaciona con la organización de un concierto internacional efectuado por los 33 años de cantonización de El Tambo. El evento habría sido incluido dentro de un contrato por USD 50.000, suscrito entre el alcalde y el promotor de eventos.

Sin embargo, según un informe con Indicios de Responsabilidad Penal de la Contraloría, los tres procesados presuntamente coordinaron la emisión, distribución y comercialización de 3.200 boletos, cuya recaudación por taquilla ascendía a USD 83.000.

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René Castillo y el concejal presuntamente recibieron 1.400 boletos, mientras que los otros 1.800 estuvieron a cargo de Gabriel Gerardo O. Sin embargo, el burgomaestre habría presentado al equipo auditor 1.178 boletos que no fueron comercializados ni justificados. Estas acciones habrían ocasionado un perjuicio de USD 49.545, monto que no ingresó a las cuentas del Municipio.

Detenido a finales de octubre de 2026 por presunto lavado de activos. Junto con su círculo familiar y societario, el alcalde habría utilizado la compañía Constructora Aldrensa S. A., reportada por la UAFE, para canalizar recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

Según el Ministerio del Interior, la estructura registró movimientos en el sistema financiero nacional por aproximadamente USD 3,2 millones y el burgomaestre aumentó su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2026.

Asimismo, Montalván tendría vínculos con grupos criminales como Los Choneros y Los Lobos, según las autoridades.

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Quedó al descubierto en agosto de 2025 durante los allanamientos y operativos ejecutados por las autoridades dentro del caso Ornato Municipal. Actualmente, cumple prisión en la cárcel La Roca, exclusiva para mujeres porque el funcionario cambió su género en la cédula.

Arroyo, junto a otras 16 personas, fueron llamadas a juicio por su presunta participación en el delito de peculado.

Según la Fiscalía, la estructura delictiva habría adjudicado y justificado irregularmente contratos de obras públicas financiadas con recursos municipales, en beneficio propio o de terceros.

Se han identificado irregularidades en obras como la construcción de dos óvalos abstractos de arte en Pujilí, esculturas de patos silvestres y la adquisición de palmeras y de otras plantas.

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De acuerdo con la investigación, las obras habrían iniciado antes de la adjudicación de los contratos, utilizando materiales y personal del propio GAD Municipal.

Posteriormente, ya en funciones, el alcalde habría concedido esas obras mediante procesos de contratación pública y gestionado contratos para la compra de las palmeras y plantas. Estos hechos evidenciarían un intento de justificar, con fondos municipales, gastos efectuados previamente.

El viernes 30 de octubre, las autoridades realizaron allanamientos en Guayaquil y Playas para recabar indicios en una investigación por presunto peculado contra el alcalde Gabriel Balladares.

Durante los allanamientos, que incluyeron el domicilio y el vehículo del funcionario, las autoridades encontraron aproximadamente USD 15.000 en efectivo, documentos ocultos y dispositivos electrónicos.

La intervención se desarrolló en el marco de una investigación por posibles irregularidades en contratos públicos, que habrían ocasionado un perjuicio económico de USD 520.865.