El concejal metropolitano de Quito, Michael Aulestia, denunció presuntas irregularidades en procesos de contratación pública que involucrarían alrededor de USD 65 millones y a altos funcionarios municipales cercanos a la Administración del alcalde Pabel Muñoz.
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Sus declaraciones se produjeron este miércoles 21 de octubre, cuando la Fiscalía General del Estado ejecutó tres allanamientos en oficinas municipales, las instalaciones de un consorcio ubicado en el cantón Rumiñahui y el despacho de un abogado particular, dentro de una investigación por presunto peculado relacionada con contratos que superan los USD 4 millones.
Aunque ambas cifras refieren contrataciones municipales cuestionadas, han surgido de distintos contextos. Los USD 65 millones son el valor aproximado de un conjunto de adjudicaciones que Aulestia afirma haber identificado por medio de labores de fiscalización realizadas desde el Concejo Metropolitano.
Según el concejal, un mismo proveedor habría recibido contratos por ese valor aproximadao, principalmente a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
Aulestia sostuvo que las adjudicaciones se habrían realizado mediante distintos consorcios, un mecanismo que, de acuerdo con su denuncia, habría permitido eludir restricciones establecidas en la normativa de contratación pública.
El funcionario cuestionó que se habrían otorgado nuevos contratos a proveedores que todavía mantenían obras pendientes de entrega, lo que, según su interpretación, contravendría el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Además, afirmó que las posibles irregularidades no se limitarían a la ejecución de obras viales, sino que también alcanzarían a la adquisición de asfalto para proyectos municipales.
En ese sentido, aseguró que una empresa vinculada al proveedor investigado habría suministrado material desde una planta que presuntamente no contaría con los permisos de funcionamiento necesarios en Quito.
Aulestia también afirmó que los allanamientos guardan relación con la denuncia por presunto peculado que presentó ante las autoridades.
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No obstante, la Fiscalía no ha confirmado públicamente que los USD 65 millones señalados por el concejal formen parte de la investigación en curso, ni ha identificado a posibles responsables o reportado personas detenidas.
Fiscalía allana instalaciones municipales por contratos superiores a USD 4 millones
Los allanamientos coinciden, además, con un nuevo escenario de cuestionamientos contra la administración municipal.
El pasado lunes 19 de octubre, el alcalde Pabel Muñoz y otros funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía por un presunto cobro de 'vacunas' a trabajadores municipales.
El denunciante, Juan Esteban Guarderas, sostuvo que los recursos supuestamente recaudados habrían sido destinados a financiar la campaña de reelección del alcalde.
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Muñoz y autoridresa de Pasajeros rechazaron esas acusaciones y las calificaron de persecución política.
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