Una jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no admitió a trámite este martes una denuncia presentada contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por una presunta infracción electoral, un recurso que partidos de oposición calificaron como una supuesta "persecución" contra la autoridad, que busca la reelección.
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La denuncia fue presentada por una ciudadana identificada como Jennifer Celorio, quien acusó a Muñoz de supuestamente interferir en el funcionamiento de la Función Electoral, lo que se tipifica como una infracción electoral muy grave que se sanciona con multa, destitución o la suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.
Sin embargo, la magistrada Ivonne Coloma señaló que la denunciante no determinó con claridad cuáles fueron las actuaciones de Muñoz ni la relación de ellas con el funcionamiento o ejercicio de una atribución propia de alguno de los órganos que integran la Función Electoral.
La jueza también afirmó que no tenía competencia para juzgar los hechos a los que Celorio hacía referencia.
Denuncias de persecución
Esta denuncia había sido rechazada por la Revolución Ciudadana y por otros tres movimientos que cobijaron la candidatura del alcalde de la capital a la reelección, ante la imposibilidad que tenía de hacerlo por el partido en el que milita, ya que fue suspendido en marzo por otro juez electoral a pedido de la Fiscalía.
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Los cuatro movimientos señalaron el lunes que Muñoz ha sido supuestamente perseguido desde hace algún tiempo y acusaron al Gobierno del presidente Daniel Noboa de buscar "quitar de la papeleta" de las elecciones locales de noviembre a "contrincantes fuertes" como la autoridad municipal.
La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, aseguró que Celorio supuestamente era del equipo de un exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cercano al Ejecutivo.
Además del caso de Muñoz, los partidos han denunciado una supuesta persecución en contra de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, a quien se le negó la inscripción de su candidatura a la Prefectura de la provincia costera de Manabí.
La RC anunció que ya se apeló la decisión, que también puede impugnarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE antes de quedar en firme.
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Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes y 457 concejales rurales y suplentes, entre otras autoridades.
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