El principal sospechoso de la masacre es Diego Sebastián N., identificado como socio comercial del artista, quien habría aprovechado la confianza para ejecutar un robo.
El anuncio de deportación se produce en medio del proceso judicial que enfrenta Serrano, por su presunta participación como autor mediato en el asesinato de Fernando Villavicencio.
Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que acusó al exmandatario y su familia de recibir más de un USD 1 millón de un total de USD 76 millones en sobornos.
Refugios en el estado La Guaira están al límite de su capacidad mientras atienden a animales con lesiones físicas y trauma tras ser rescatados de los escombros.
