El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Mercedes Caicedo, resolvió declarar la nulidad de la resolución emitida el 25 de agosto de 2009, mediante la cual se aprobó la denominada segunda fase de homologación salarial para los servidores judiciales.
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La decisión fue adoptada, el pasado 10 de julio, luego de conocer que dicha resolución "fue aprobada sin certificación presupuestaria y sin sustento técnico" para la valoración y clasificación de puestos. Además, fue observada por la Contraloría General del Estado.
Asimismo, se consideró que su implementación en la actualidad generaría distorsiones salariales y afectaría el principio constitucional de "a igual trabajo, igual remuneración", al establecer salarios diferentes para quienes desempeñan las mismas funciones y responsabilidades.
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Durante la sesión en la que se adoptó la resolución, las autoridades enfatizaron que la declaratoria de nulidad no constituye una sanción para los servidores ni desconoce la importancia de su trabajo.
Explicaron que la decisión responde a la obligación institucional de garantizar que las actuaciones del Consejo de la Judicatura se ajusten al marco jurídico vigente.
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Finalmente, el CJ ratificó su compromiso con la seguridad jurídica, el manejo responsable de los recursos públicos, el respeto a la normativa que regula el régimen remunerativo del sistema de justicia.
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