La Contraloría General del Estado (CGE) comunicó que, entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2026, todos los servidores y trabajadores del sector público deberán actualizar su declaración patrimonial jurada.
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Sobre la obligación, la CGE recordó que esta se basa en los artículos 231 de la Constitución de la República, 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría y 3 de la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.
Según la institución, el objetivo es fortalecer la transparencia, la ética pública y prevenir la corrupción, verificando la evolución legítima del patrimonio de quienes administran recursos del Estado.
¿Cómo realizar el trámite?
El trámite es gratuito y se realiza únicamente a través del portal institucional, como se detalla a continuación:
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Se recomienda revisar el instructivo para llenar el Formulario Electrónico de la Declaración Patrimonial Jurada y/o consultar el video tutorial disponible en las redes sociales oficiales de la Contraloría.
Asimismo, debe tener en cuenta que en el campo “DESDE” se registrará la fecha del primer nombramiento o contrato en la institución, no la de la última acción de personal.
Contraloría advierte sanciones a servidores
En caso de errores u omisiones, los servidores disponen de 10 días plazo para realizar correcciones, contados desde la fecha de la presentación de la Constancia de Otorgamiento a la Unidad de Administración de Talento Humano Personas Expuestas Políticamente (PEP).
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Los servidores clasificados como PEP deberán registrar la información adicional exigida por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos (vigente desde el 29 de julio de 2025).
Las unidades de Talento Humano de cada institución informarán oportunamente a los servidores que se encuentran en esta categoría.
Por último, la CGE enfatizó que verificará el cumplimiento de esta disposición y advirtió que el incumplimiento conllevará las sanciones previstas en la normativa aplicable.
La actualización de las declaraciones patrimoniales fue dispuesta el 6 de julio pasado por el Contralor General del Estado, Mauricio Torres.
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