Una alerta de bomba en el Complejo Judicial Norte de Quito movilizó a unidades especializadas de la Policía Nacional este jueves 25 de junio para atender una amenaza que habría sido dirigida a los jueces.
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Luego de varias horas de emergencia, que obligó a suspender las actividades jurisdiccionales y administrativas en el complejo, personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) logró controlar la situación tras ejecutar una explosión controlada del paquete sospechoso.
De inmediato, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha aseguró que la alerta ya no representaba riesgo para usuarios, servidores judiciales ni ciudadanía.
Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) expresó su profunda preocupación por la escalada de amenazas contra juezas, jueces, fiscales, servidores judiciales y complejos judiciales.
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Asesinatos y amenazas contra operadores de justicia
A través de un comunicado, el gremio de jueces recordó los "lamentables asesinatos de operadores de justicia ocurridos en el país".
El último ocurrió el pasado 14 de junio en Manta, donde la fiscal Alexandra Bravo, fue asesinada a tiros por hombres armados, mientras se encontraba junto a su hermana, Olinda Bravo, quien también perdió la vida durante el atentado.
Frente a la reciente alerta de bomba en la capital, la AEMAJ apuntó que estos hechos evidencian una crisis de seguridad, que compromete el ejercicio independiente de la administración de justicia y exige una respuesta inmediata del Estado.
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En torno a esta problemática, la AEMAJ informó que ha solicitado formalmente al Consejo de la Judicatura la instalación inmediata de una Mesa Nacional de Seguridad, con la participación de las instituciones competentes, que permita adoptar decisiones efectivas, establecer responsabilidades claras y ejecutar un seguimiento permanente de los compromisos asumidos.
En su comunicado, la asociación también enfatizó que la seguridad de quienes administran justicia no puede seguir siendo postergada.
"La independencia judicial solo puede garantizarse cuando el Estado protege de manera efectiva a sus operadores. El país demanda resultados, no únicamente pronunciamientos. La justicia necesita instituciones que actúen con firmeza, coordinación y responsabilidad", concluyó la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.
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