El Pleno del Consejo de la Judicatura, bajo la administración de Mercedes Caicedo, dispuso que todos los directores provinciales de la institución presenten sus renuncias.
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La decisión se tomó este martes 9 de junio de 2026, durante dos sesiones del Pleno, en las que además se adoptaron otras resoluciones.
Según la institución, la medida busca evaluar el desempeño de cada una de las direcciones provinciales y permitir a las autoridades adoptar las acciones que consideren necesarias "para consolidar la gestión institucional y el cumplimiento de los objetivos del organismo".
La medida es impulsada bajo la administración de Caicedo, quien asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura para lo que resta del periodo 2025-2031. Su designación se oficializó el pasado 24 de abril.
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Este nuevo pedido de renuncias ocurre a pocos meses de otra disposición similar. En febrero pasado, el Consejo de la Judicatura (CJ), entonces liderado por Damián Larco, solicitó la dimisión de todos los directores y subdirectores nacionales, así como de los directores provinciales, con el fin de “encaminar las necesidades institucionales y los desafíos actuales que enfrenta la Función Judicial”.
En esa ocasión, la entidad señaló que la medida buscaba “consolidar una estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos institucionales”.
Asimismo, en enero pasado, mientras enfrentaba un proceso de juicio político en su contra, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, también pidió la renuncia de 25 directores provinciales y de control disciplinario, como parte de un proceso de "reordenamiento y consolidación institucional" orientado a verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y fortalecer la gestión de la entidad.
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Sanciones disciplinarias
En el ámbito disciplinario, el Pleno destituyó a la jueza de Quito, K.A.C.T., por manifiesta negligencia. Durante la tramitación de una causa de violencia intrafamiliar, la magistrada omitió valorar pruebas que constaban en el expediente.
Asimismo, se dispuso el inicio de expedientes disciplinarios contra ocho funcionarios y exfuncionarios judiciales de Esmeraldas, Guayas, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas, por presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.
De igual forma, se sancionó con una multa equivalente al 50% de una remuneración básica unificada a una abogada en libre ejercicio que actuó con mala fe y deslealtad procesal al presentar una apelación contra una supuesta sentencia inexistente dentro de una acción de protección.
Finalmente, el Pleno archivó investigaciones disciplinarias contra diez servidores y exservidores judiciales, al determinar que no existían elementos suficientes para establecer la existencia de infracciones disciplinarias en sus actuaciones.
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