25 minas que contaminaban el suelo y agua de comunidades fueron cerradas
Desde el mes de julio, 25 minas ubicadas sobre todo en la parte sur del país, han sido cerradas debido a incumplimientos de la normativa ambiental que les permitiría funcionar. Así lo informó el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición ecológica este 18 de agosto en un comunicado.
De acuerdo a las autoridades, las concesiones mineras no cumplían con las normas que garantizan que este tipo de actividades no tengan una afectación a fuentes hídricas en los territorios aledaños. Entre los incumplimientos se identificó que las minas descargaban agua sin tratamiento previo, disponían material estéril sobre el suelo, usaban mercurio, tampoco habían rehabilitado las áreas intervenidas, otras desviaron cauces de ríos para sus propósitos, entre otras infracciones.
La suspensión se dio a 19 concesiones mineras de El Oro, dos de Zamora Chinchipe, dos de Azuay, una en Morona Santiago y una en Napo. Los encargados de estas actividades tienen un plazo de dos semanas para presentar un informe u hoja de ruta para rectificar los errores y hacer los ajustes necesarios a sus instalaciones, en caso de ser necesarios. Durante este tiempo, nadie podrá operar en estos centros, según las autoridades.
La suspensión se fundamenta en la “Disposición General Quinta de la Ley de Minería”. Respecto a las actividades mineras legales o ilegales, deberán ser ejecutadas por parte de la Autoridad Ambiental Nacional conforme lo establecido en el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador y, el artículo 187 del Código Orgánico del Ambiente.
Según el comunicado del Ministerio de Ambiente, el incumplimiento a estas disposiciones podría acarrear sanciones administrativas o penales a las que dé lugar. Los mismos controles de aplicaron a otras 14 minas, pero en estas se constató que sí se cumplía con las disposiciones necesarias para permitir su funcionamiento.
El ministro de esta cartera de Estado, Gustavo Manrique, mencionó que “nuestro compromiso con el Ecuador, la ciudadanía y los recursos naturales nos obliga a ser rigurosos en el estricto cumplimiento de la ley y frente a toda actividad productiva. Las acciones que, como ministerio, ejecutamos a nivel nacional nos permiten actuar de forma eficaz ante posibles afectaciones ambientales para tomar los correctivos necesarios”.
