La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal.
Segundos después, reprochando la actuación de la legisladora, la familia de Fernando Villavicencio se retiró de la sala, mientras la sesión se declaraba como suspendida.
Almagro anunció en octubre haber informado a la oficina del inspector general acerca de una denuncia anónima, en la que se le acusa de haber violado el código de ética y de trabajo, para que hiciera averiguaciones.
