José Serrano, el exministro del correísmo, que logró detener su extradición y posible encarcelamiento en Ecuador

En su despacho, mientras era Ministro del Interior, atesoraba un regalo. Es un cuadro que representa una pelota de voleibol, en alusión a la película ‘El Náufrago’. La cinta relata la historia de un hombre que sobrevivió a un accidente aéreo y permaneció en una isla remota, en compañía de un balón. José Serrano recibió esa pintura para que no se sintiera solo en el poder. Hoy, su situación es incierta: permanece en una prisión de Estados Unidos, desde agosto de 2025.

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Cumplió nueve meses en la cárcel de Krome, en Florida, un recinto asociado a ICE. Este miércoles 13 de mayo se realizó una audiencia crucial. Una jueza negó el pedido de asilo presentado por Serrano en el 2021, lo cual abriría la puerta a su extradición. No obstante, el trámite queda congelado temporalmente porque la misma jueza le otorgó protección temporal para que permanezca en Estado Unidos bajo los parámetros de la Convención contra la Tortura (CAT).

Previamente, su familia advirtió que su vida corre inminente peligro porque las mafias que combatió cuando fue ministro del Interior amenazaron con que atentarían contra él y su integridad.

Mientras tanto, el actual ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la libertad ya no es una opción para el ex secretario de Estado Serrano. Y dejó en claro que seguirá en prisión, sea en Ecuador o en Estados Unidos.

A las denuncias que interpuso en su contra su ex colaborador cercano, Diego Vallejo, se suman otras voces que lo acusan de abusos de poder mientras fue el hombre duro del correísmo.

Los testimonios más comprometedores salieron a la luz en el contexto de la investigación fiscal sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. Un ex oficial de Inteligencia lo acusó de haber implantado un dispositivo para seguir al excandidato presidencial, de haber otorgado cédulas fraudulentas a miembros de las FARC; y de haber entregado armas a Los Choneros. La defensa de Serrano desvirtuó esas acusaciones y descalifica al denunciante, quien tiene un historial delictivo sobre su espalda.

Serrano fue detenido cuando se encontraba en espera de un trámite para solicitar asilo en ese EE.UU., donde se había radicado en 2021.

Los recursos judiciales que presentó en el primer mes y medio para recuperar la libertad fueron infructuosos. La audiencia inicial para conocer sobre la concesión del asilo fue postergada. La que sí se realizó, en Ecuador, fue la diligencia en la cual Fiscalía lo vinculó, junto con tres figuras de alta exposición pública, como uno de los autores intelectuales del crimen del presidenciable Fernando Villavicencio.

Como parte de su estrategia de defensa en el país que lo detuvo, interpuso un recurso de habeas corpus, aludiendo que está detenido ilegalmente, lo que contraviene la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. Según ese texto, una persona no puede ser detenida sin un debido proceso legal. Fuentes cercanas al proceso explicaron que esa solicitud podría prosperar si la privación de libertad tuviera una duración superior a seis meses. Sin embargo, el recurso no tuvo resultados favorables para él.

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Las razones de su detención en Estados Unidos estarían relacionadas con el hecho de que su visa de turismo caducó, por lo que no tiene un estatus migratorio vigente. Según declaró tras su detención su primer abogado defensor, el experto en temas migratorios especializado en reunificar familias en Estados Unidos, Robert Sheldon, hubo un acuerdo entre los gobiernos de ambos países para extraditar a Serrano hacia Ecuador. Anticipó que él sería deportado a su país de origen. Él reveló que su cliente se encontraba preocupado por su situación, a tal punto, que durante una de sus visitas rompió en llanto.

Serrano nació en noviembre de 1970 en una familia de juristas. Continuó la tradición familiar y siguió la carrera de Derecho en la universidad privada más prestigiosa de Cuenca. Era dirigente universitario cuando en marzo de 1996 desapareció Ivonne Cazar, compañera de carrera y amiga cercana de quien en esa época era su esposa. El caso Cazar, aún irresuelto, es un tema tabú en la capital azuaya. De la estudiante riobambeña solo se encontraron su abrigo y cartera en perfecto estado, totalmente secos, frente a la puerta de ingreso a la vivienda. La joven desapareció en una noche de lluvia.

Las primeras incursiones públicas del jurista cuencano se limitaban al ámbito local, en esos años. Su verdadero salto a la arena pública se produjo en 2004. Como abogado y defensor de derechos humanos representó al pueblo Sarayacu, de Pastaza, que peleaba por evitar el inicio de actividades extractivas petroleras. En abril de ese año, el jurista denunció amenazas de muerte y acudió a foros internacionales para advertir que su vida corría peligro.

Sarayacu logró mediante instancias judiciales, a nivel internacional, obstruir el inicio de la actividad petrolera.

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En cambio, Serrano se enroló, poco tiempo después, en un gobierno que tendría una vocación extractivista por excelencia: la Revolución Ciudadana.

Entre 2005 y 2006 ocupó cargos de segundo nivel en la función pública. El verdadero poder lo conoció a partir de 2007. Fue ministro de Minas y Petróleos, encargado entre 2007 y 2009; secretario de Transparencia entre 2009 y 2010; ministro de Justicia entre 2010 y 2011; y ministro del Interior desde 2011 hasta 2016.

A su gestión al frente de Justicia e Interior corresponde la mayor parte de acusaciones en su contra. Desde sembrar evidencias para encarcelar a sus enemigos, hasta recibir diezmos por parte del personal del ministerio. Esto, sin hablar de las denuncias sobre su presunta cercanía con el narcotraficante Gerald, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2018. Cargos que él ha negado y que ha calificado como un montaje armado en el contexto de la persecución política instaurada en su contra.

Su principal contradictor, Diego Vallejo, se radicó en Estados Unidos luego de pagar dos años de prisión por un delito que, según él demostró, no cometió. Ahora Vallejo impulsa una demanda internacional contra el Estado, para probar que pagó por un crimen que le fue imputado con pruebas forjadas. Esto habría tenido una razón: Vallejo dejó de ser su colaborador y empezó a denunciar actos de corrupción.

Al saber de la detención del exministro, Vallejo pidió a las autoridades de justicia de Estados Unidos revisar las acusaciones en su contra. Entre ellas, detalla la delegación en marzo de 2014 a la entonces directora administrativa, quien es su actual pareja, “para firmar contratos de emergencia ... con esas atribuciones manejó más de USD 330 millones y estuvo a cargo de la compra de caballos, chalecos, patrulla, equipos y material para la Policía”.

Su cargo ministerial lo dejó en noviembre de 2016 para postularse a la Asamblea. La Fiscalía en Ecuador le seguía la pista. Una fiscal en particular denunció que había sido intimidada, por investigarlo.

Como legislador vivió la gloria y el infierno. En 2017, al instalarse el Legislativo fue nombrado presidente de la Asamblea, por ser el más votado en urnas. En el pleno, tuvo 77 votos a favor, 31 negativos, 2 blancos y 26 abstenciones.

Eran tiempos de victoria. Rafael Correa había dejado la presidencia y encargaba el mandato a quien pensaba sería el continuador de su legado, Lenín Moreno.

En esa transición, el poder era como un puño que se asentaba en cinco figuras, los supuestos garantes de la continuidad, reveló a Vistazo una fuente cercana a ese círculo cerrado. José Serrano, en la presidencia de la Asamblea; Rommy Vallejo, titular de la Secretaría de Inteligencia; Carlos Pólit, el contralor diez sobre diez; Carlos Baca, titular de la Fiscalía General del Estado; y, Eduardo Mangas, secretario general de la Presidencia con Lenín Moreno.

Pero las denuncias del caso Odebrecht salpicaron al entonces vicepresidente Jorge Glas y la armonía terminó. En ese contexto de desconfianzas mutuas se filtró el famoso audio en el cual Serrano y Pólit hablan en tono de ‘compadres lindos’ sobre la supuesta traición de fiscal Baca, quien poco después fue censurado por el Legislativo.

Serrano también pagó los platos rotos. Perdió la presidencia de la Asamblea, pero mantuvo su curul. En julio de 2020, cuando aún era asambleísta, se contagió con Covid-19 y requirió hospitalización en un centro de salud privado en Cuenca.

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Sus días como asambleísta de la Revolución Ciudadana terminaron en 2021. En el curso de los procesos ventilados en su contra se conoció que había sido colaborador activo con la justicia de Estados Unidos desde 2019, cuando todavía legislaba.

Quizás por eso, la tienda política a la que tanto defendió lo desconoció como uno de sus seguidores. Ahora está, por eso, en medio de una tormenta perfecta.

Diego Vallejo denuncia que vivió persecución orquestada por el entonces ministro Serrano.

“Fui un oficial del Ejercito. Me retiré con el grado de mayor. Fui condecorado por la guerra del Cenepa. Tengo experticia en inteligencia financiera, trabajé como consultor en el gobierno de Rafael Correa. Descubrí redes de espionaje político y corrupción. Renuncié y constituí una fundación sin fines de lucro, para denunciar las irregularidades. A raíz de eso fui víctima de una persecución orquestada por el entonces ministro del Interior, José Serrano, mediante seguimientos, hostigamiento a mi familia. En un operativo policial en 2012 fui detenido en un vehículo que me movilizaba y que no era de mi propiedad, en una mochila me sembraron dos armas y evidencias para procesarme y llevarme a prisión. Después de varios años la persona a la que el gobierno utilizó para este objetivo contó toda la verdad. Lo habían obligado con amenazas a él y a su familia. Meses después Serrano, como premio, lo nombró como su asesor", relató.

"La Fiscalía me acusó de asociación ilícita y de tenencia ilegal de armas. Mi abogado denunció irregularidades: bloqueo de pruebas de descargo, testigos falsos o ausentes. Fui condenado en dos instancias, estuve en prisión casi dos años. En cárcel sufrí un intento de asesinato. Después de cumplir mi condena con mi familia decidimos dejar el país y solicitar asilo político en los EE.UU. que nos fue concedido. Iniciamos los trámites ante la CIDH para demandar al Estado por violación a los DDHH, detención arbitraria, implantación de evidencia falsa e intento de asesinato. Este organismo admitió nuestro caso. Pese a todas las adversidades que nos ha tocado vivir como familia, todo esto nos ha fortalecido”, concluyó.