ADN arremete contra la Corte por declarar inconstitucionales las leyes de Solidaridad e Integridad Pública
El fallo de la Corte Constitucional profundiza una pugna que mantiene con el Ejecutivo, que comenzó cuando suspendió en agosto varios artículos de leyes económicas urgentes.
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) rechazó este sábado la resolución con el que la Corte Constitucional anuló dos de las cinco leyes que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impulsó a través del mecanismo de tratamiento "económico urgente".
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Las dos normas que fueron declaradas como inconstitucionales por el alto tribunal fueron la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, que acumulaban varias demandas por supuestas vulneraciones a derechos fundamentales.
La agrupación política, que junto a legisladores aliados conforma mayoría en la Asamblea Nacional, expresó en redes sociales: "Rechazamos de forma enérgica esta decisión tomada desde la comodidad de sus escritorios, sin pensar en las víctimas de la inseguridad. Nos dejan desprotegidos y desarmados".
El fallo de la Corte Constitucional profundiza una pugna que mantiene con el Ejecutivo, que comenzó cuando en agosto ordenó la suspensión temporal de varios artículos de las leyes económicas urgentes del mandatario aprobadas por el hemiciclo.
El choque ha llevado a que Noboa califique a los jueces como "enemigos de la seguridad del país" y devino en que el Gobierno pusiera en marcha el proceso para convocar un referéndum en el que la ciudadanía decidirá, a finales de noviembre, si se instaura una Asamblea Constituyente para la creación de una nueva Carta Magna.
Con una Constitución diseñada para dar mayor impulso a su plan de Gobierno, Noboa buscaría consolidar reformas en seguridad, economía y reorganización del Estado.
¿Cuáles fueron los motivos para la anulación?
La Corte Constitucional resolvió que ambas normas aprobadas por el Ejecutivo presentaban irregularidades. En el caso de la primera, señaló que se combinaron temas económicos, penales y de seguridad en un mismo texto legal, recurriendo de manera inapropiada al mecanismo de trámite urgente en materia económica.
En cuanto a la segunda, concluyó que se incumplieron principios fundamentales como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática.
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La denominada Ley de Solidaridad Nacional tenía como propósito crear mecanismos de financiamiento para fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Esta iniciativa surgió en el contexto del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa a comienzos de 2024, en respuesta al aumento inédito de la violencia vinculada al accionar de las bandas criminales.
Por su parte, la Ley de Integridad Pública, destinada originalmente a enfrentar la corrupción en el sector estatal, incorporó también un incremento en las sanciones para adolescentes infractores de entre 12 y 18 años, elevando la pena máxima de ocho a quince años de privación de libertad.