Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, expresó este viernes su rechazo al intento de incautación de la vivienda donde reside junto a su familia y aseguró que las principales consecuencias de la medida recaen sobre sus hijos, quienes, según afirmó, enfrentan la ausencia de su padre y ahora la incertidumbre sobre el hogar donde viven.
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A través de una publicación difundida en Instagram, Ycaza relató el impacto emocional que, a su criterio, ha tenido el proceso judicial sobre los menores de edad que habitarían la propiedad ubicada en una urbanización en Isla Mocolí, en Samborondón.
La reacción se produjo después de que funcionarios de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), junto a agentes de la Policía Nacional, acudieran al inmueble para intentar ejecutar una orden de incautación dispuesta dentro del caso Goleada, que investiga un presunto lavado de activos.
Sin embargo, la diligencia no llegó a concretarse.
Según la defensa de Alvarez, la medida no pudo ejecutarse debido a que no existía una orden de desalojo y porque aún está pendiente una audiencia de revisión fijada para el próximo 19 de junio.
Una propiedad de alrededor de un millón de dolares
Y caza señaló que en el inmueble viven tres menores de edad y una persona con discapacidad, argumento que también ha sido expuesto por el equipo legal del alcalde para cuestionar la ejecución inmediata de la incautación.
Los abogados sostienen que la medida debería revisarse antes de su aplicación definitiva. El penalista Julio César Cueva afirmó que la prohibición de enajenar la propiedad constituye una herramienta suficiente para garantizar los fines del proceso.
“Si el objetivo es impedir la transferencia del dominio, la prohibición de enajenar es una medida idónea, suficiente y proporcional para garantizar los fines del proceso”, señaló.
La vivienda forma parte de los bienes cuya incautación fue ordenada el pasado 29 de mayo durante la audiencia de vinculación de Fiorella Ycaza, Gioconda Henriques —madre de Aquiles Alvarez—, otras tres personas y nueve empresas dentro del caso Goleada.
La propiedad, valorada en aproximadamente USD 1 millón, consta a nombre de Inmobiliaria Fiorema S.A. La orden judicial también alcanza a tres departamentos ubicados en Samborondón y a un terreno de 5.760 metros cuadrados localizado en el kilómetro 22 de la vía Guayaquil-Daule.
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De acuerdo con la defensa, el juez fijó el 2 de junio una audiencia para revisar la medida cautelar el próximo 19 de junio. No obstante, los abogados cuestionan que el 10 de junio se haya emitido un oficio dirigido a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria para proceder con la incautación antes de que se realice dicha diligencia.
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