Organizaciones de derechos humanos alertaron este miércoles 28 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre un presunto deterioro de la independencia judicial en Ecuador.
En una audiencia pública en Panamá, señalaron problemas en la selección de autoridades, presiones políticas y amenazas del crimen organizado contra jueces, fiscales y otros operadores de justicia.
Entre los hechos recientes está el asesinato del juez Ramón Darío Abad Gallardo. El magistrado murió durante un ataque armado ocurrido el jueves 17 de septiembre en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.
Otro caso polémico fue el del exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció que quedó indefenso frente a las amenazas recibidas durante un proceso contra el narcotraficante serbio Jezd imir Srdan. También señaló presiones de autoridades de la Judicatura y amenazas que, según dijo, ponían su vida en riesgo inminente, por lo cual tuvo que abandonar el país.
Organizaciones denuncian "presiones"
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador) expusieron que las "deficiencias" estructurales de la justicia se han "agravado" por ataques, presiones y amenazas contra quienes la integran.
Entre los problemas mencionaron fallas en la selección de autoridades judiciales, la prolongada provisionalidad en cargos de alta responsabilidad y diseños institucionales que, según las organizaciones, facilitan el inicio de juicios políticos e investigaciones penales o administrativas contra altas autoridades judiciales.
También denunciaron prácticas de estigmatización, criminalización y hostigamiento, incluso por parte de altas autoridades estatales.
En ese contexto, la abogada Dolores Miño sostuvo ante la CIDH que en Ecuador existe un “patrón sistemático de hostigamiento, acoso, sanción y judicialización” contra jueces, luego de emitir decisiones en casos de alto interés público.
Asimismo, acusó al Ministerio del Interior de promover una campaña de desprestigio contra los magistrados, a quienes —según afirmó— se ha calificado públicamente de corruptos o aliados del crimen organizado.
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ODJ registra 52 atentados y 31 víctimas mortales
Según los registros del ODJ, entre 2020 y 2026 se documentaron 52 atentados graves contra la vida y la integridad de operadores de justicia, que dejaron 31 víctimas mortales. La organización indicó que siete funcionarios judiciales fueron asesinados durante un periodo de cinco meses de 2026.
Las organizaciones advirtieron que la falta de mecanismos especializados de protección y las deficiencias en la infraestructura judicial mantienen a numerosos funcionarios expuestos a amenazas y ataques.
Alertan sobre cinco patrones de presión contra la Corte Constitucional
Durante la audiencia, las organizaciones expusieron cinco patrones que, a su juicio, amenazan la independencia de la Corte Constitucional:
Intimidación: mencionaron la militarización de la sede, amenazas de desalojo y amenazas de bomba.
Intentos de limitar sus competencias: señalaron propuestas para someter a sus integrantes a juicio político y restringir sus atribuciones de control constitucional.
Restricciones administrativas y financieras: afirmaron que estas han afectado los recursos necesarios para el funcionamiento de la Corte.
Criminalización: denunciaron investigaciones penales contra jueces que emitieron sentencias contrarias a iniciativas del Ejecutivo.
Deslegitimación pública: señalaron campañas y discursos estigmatizantes contra integrantes de la Corte y sus decisiones.
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Las organizaciones solicitaron a la Comisión dar seguimiento prioritario a la situación ecuatoriana, realizar una visita de trabajo enfocada en la independencia judicial y elaborar un informe con recomendaciones específicas y verificables.
Botón de alerta y teletrabajo: las medidas que Ecuador presentó ante la CIDH para proteger a jueces
Ante la CIDH, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia expusieron las acciones que se ejecutan para garantizar la independencia judicial y la protección de los servidores judiciales en el país. Entre las medidas destacaron:
-La implementación del botón de alerta con geolocalización para respuesta interinstitucional inmediata;
-La activación de protocolos de teletrabajo ante situaciones de riesgo;
-Y la creación de la Unidad de Alertas Tempranas, para monitorear y disuadir posibles injerencias en procesos vinculados al crimen organizado y la corrupción.
Por su parte, la CIDH subrayó que la independencia judicial es una garantía para la democracia y los derechos humanos. También destacó la importancia de fortalecer los procesos de selección y los mecanismos de protección para operadores de justicia.
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