Nacieron en 2010 y 2011. Dos sicarios de 15 y 16 años mataron al líder de 'Los Águilas', en el aeropuerto de Guayaquil. No es un caso aislado. El reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado aumenta. Los más pequeños apenas llegan a diez años.
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Un revelador estudio, difundido en 2025, encuestó a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras. El ocho por ciento de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal. Hay que entender el entorno en que viven los niños y jóvenes que se vinculan a organizaciones delictivas, en lugar de endurecer penas, advierten expertos
Son las dos caras de la misma moneda. Sufrieron violencia. La generan. Son víctimas y victimarios. Niños, niñas y adolescentes que entran a formar parte de organizaciones criminales a edades más tempranas –inclusive a los diez años- son el eslabón vulnerable de este fenómeno, agravado desde 2019.
Ambos testimonios fueron recogidos en el marco del ‘Estudio de Caracterización sobre la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador’.
La investigación en nueve ciudades costeras del país fue presentada la última semana de junio de 2025 en Quito, en un seminario internacional organizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador.
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La víspera del encuentro académico, en el que se presentaban los datos, el Legislativo aprobaba reformas legales que apuntan a endurecer las penas a los adolescentes que infrinjan la Ley. Puro populismo penal, según analistas.
Esta decisión va en sentido opuesto a lo que plantean las voces técnicas. “El aumento de penas no soluciona problemas de seguridad, desde 2014 hemos visto reformas y esto no significó una mejora”, advirtió, en su presentación en el seminario, Ximena Coello, directora de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado.
“Estudios técnicos mencionan que privar de la libertad a una persona más de diez años imposibilita su rehabilitación, pensemos qué pasará con un adolescente de 15 años, que deba cumplir una sentencia de 15 años”, alertó.
A mediados de 2025, la Vicepresidencia de la República convocó a una reunión con medios para anunciar la creación de una política pública. Posteriormente se conoció que el proceso tendría el carácter reservado. Vistazo revisó el documento "Estrategia Emergente para la prevención del reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes", que data de enero de 2025 y fue emitido por el Ministerio del Interior. En él se anuncia un cronograma para la construcción de la estrategia, que llega hasta abril del año pasado.
Entre tanto, los delitos aumentan. Los dos autores del crimen que conmocionó al país, en el aeropuerto de Guayaquil, fueron identificados por el ministro John Reimberg como menores de edad. El ministro mencionó que fueron aislados, esto es, detenidos en flagrancia, en posesión de armas.
Los hallazgos del estudio sobre reclutamiento de niños
El informe fue elaborado por varios organismos técnicos, entre ellos, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) y el programa Comunidades Seguras.
Los investigadores usaron una estrategia metodológica mixta, que usó técnicas cuantitativas y cualitativas. Se enfocaron en niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años, según explicó uno de los autores, el académico Daniel Pontón.
Las ciudades donde se enfocó la investigación son: Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán.
Según los hallazgos, los nuevos integrantes de bandas se vinculan motivados por incentivos, bajo presiones. Entre ellos se incluyen: el pago de recompensas (factores económicos); las presiones ejercidas por el círculo social (sean amigos o familia); y, la imitación de conductas y estereotipos del grupo.
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Grupos como Los Lobos y Los Choneros ofrecen incentivos económicos como mecanismo de captación de nuevos miembros. Por el contrario, Los Tiguerones y los Chone Killers usan estrategias de presión grupal. Los nuevos miembros pueden tener inclusive diez años de edad.
Ellos buscan “el sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada”. Y piden respuestas frente a “la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social”.
No obstante, en el evento académico se hizo énfasis en que ningún niño o joven se enrola en un grupo criminal por su propia voluntad.
La motivación para los grupos criminales “es la instrumentalización de los menores por su inimputabilidad”.
El ejercicio investigativo incluyó encuestas a casi 3.000 niños y jóvenes.
El ocho por ciento aceptó pertenecer a una banda. Más de una quinta parte de los encuestados afirmó que encontró un sentimiento de importancia y respeto. Y el 11 por ciento mencionó que se unió por su deseo de abandonar su hogar.
Más de la mitad de encuestados (51 por ciento) afirmó que hay presencia de bandas criminales en su sector o barrio. Por tanto, cinco de cada diez encuestados están expuestos a estos grupos. En Santa Elena y Durán la percepción es más alta, de 77 y 75 por ciento. En Guayaquil el 70 por ciento de encuestados refirió que hay grupos criminales en su zona de vivienda.
Según el 31 por ciento, el principal canal para vincularse y enrolarse es la plataforma WhatsApp.
Casi el 28 por ciento afirmó que conocía a un miembro de bandas criminales. En Esmeraldas, una cuarta parte reconoció que uno de sus familiares directos es miembro de una banda.
La importancia del entorno familiar en el reclutamiento de niños
El estudio exploró el entorno territorial. Aparecen indicios de que los grupos violentos controlan los desplazamientos de la población, regulan la vida cotidiana y resuelven conflictos entre los vecinos.
El contexto familiar no puede ser ignorado al abordar el fenómeno desde la política pública. La pobreza es un factor que contribuye a la vinculación con grupos delictivos. “En contextos marcados por altos niveles de violencia, el abandono del hogar, forzado o voluntario, es aún más determinante”.
La familia juega un papel determinante en la prevención de la vinculación de los jóvenes a grupos criminales.
¿Qué pasa con la escuela? El resultado del estudio es alarmante. Entre el 10 y el 25 por ciento de los chicos encuestados dijo que se sentía insatisfecho con su escuela. Los niños “se sienten inseguros en las escuelas”, han sido testigos de intimidación y violencia. Enfrentamientos de grupos, amenazas de bomba, vacunas, extorsiones y muerte de sus compañeros son hechos que han ocurrido en los centros de estudio, según relataron los jóvenes que fueron entrevistados.
Otro documento revela las secuelas de la violencia en la educación. El informe “Ecuador: educación en riesgo”, detalla los efectos de la violencia en el sector educativo. Se realizó con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados. Se trata de un análisis cualitativo, a partir de la realización de 34 entrevistas a profundidad.
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“La violencia en Ecuador está afectando a la educación en forma desproporcional en áreas específicas del país”, concluye. El ejercicio investigativo detectó 138 casos de violencia reciente que afectan a estudiantes, docentes o trabajadores de escuelas. Los testimonios de 31 de los 34 entrevistados coinciden: el reclutamiento se realiza dentro de las unidades educativas, se promueve la venta de drogas a menores de edad y se extorsiona a profesores y alumnos. Se identificaron al menos seis crímenes; en todos ellos, las víctimas eran estudiantes en camino a su sitio de estudios. En dos de los casos reportados, las organizaciones criminales dejaron cabezas de estudiantes cerca de la unidad educativa, como señal de advertencia.
El documento recoge el caso de una unidad educativa de Huaquillas, frontera sur, donde 26 estudiantes de un mismo curso pidieron el traslado escolar luego del asesinato de dos de sus compañeros de clase, “a los que habían señalado de pertenecer a bandas delincuenciales organizadas”. Su temor era perder la vida
“Aumentar penas no soluciona el problema”, advierten analistas
Subir penas para adolescentes que infringen la ley no soluciona el problema. Lo dijo con contundencia, en el contexto del seminario internacional organizado por PADF e INL, la directora de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado, Ximena Coello.
La Fiscalía empezó a investigar a profundidad el tema de reclutamiento, utilización y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas criminales, en 2023.
“Cuando empezamos a trabajar una política frente a este fenómeno vimos que el tipo penal se encuentra en el COIP desde 2014, en el artículo 91. En 2023 se incorpora otro artículo, el 369.1, que lo ubica en el contexto de reclutamiento por parte del crimen organizado. Nos percatamos que Fiscalía recibe noticias del delito relacionadas con justicia juvenil, pero no generábamos acciones para investigar de oficio como posible reclutamiento. No se investigan los grupos de delincuencia organizada que seguramente están detrás”.
En 2024, había aproximadamente 25 noticias de delito por reclutamiento; frente a 400 noticias del delito abiertas por tráfico de drogas, armas, secuestros extorsivos y otros.
A partir de este hallazgo, Fiscalía generó un documento que permita investigar con el objetivo de llegar a las estructuras que reclutan a los niños, niñas y adolescentes.
La funcionaria es crítica frente al endurecimiento de penas contra adolescentes, adoptado por la Asamblea a fines de junio.
“Hay que entender el contexto en que viven, en qué tipo de hogares, muchas veces monoparentales, sin acceso a alimentación, estudios, por eso, la respuesta no puede ser única y exclusivamente punitiva. Si un niño vive en un barrio donde no está presente el Estado sino una organización criminal, no es cuestión de voluntad sino a veces de sobrevivencia”, advierte.
Explica que desde 2019 hasta 2025 se iniciaron 21.952 procesos en contra de adolescentes en el país. “El adolescente que comete delitos graves necesita que el sistema lo regrese a ver, que reconozca que también fue víctima, y que le permita reintegrarse a la sociedad, con la mirada de una justicia restaurativa”.
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Experto chileno Pablo Zeballos explica que debe replantearse la política
"Hay que mirar con cuidado un reflejo recurrente. Cada vez que un delito cometido por niños o adolescentes provoca conmoción pública, reaparece la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal. Desde la perspectiva de lo observado en la región, al plantearla, no se calibra bien la presión que impone a un sistema penal ya sobrecargado, ni el hecho de que con ella prácticamente aseguramos la carrera criminal de esos jóvenes.
Las políticas frente al delito no pueden limitarse a sonar bien en la galería: requieren sustento técnico y deben evitar que terminemos amplificando el problema que pretendíamos enfrentar.
Queda una variable de enorme complejidad, que exige una respuesta de Estado y un compromiso de toda la sociedad: la expansión de la cultura delictual ha ido de la mano con la pérdida de la valoración social de la educación como vía de movilidad. Nuestro sistema educativo, deteriorado, se ha mostrado incapaz de retener a los jóvenes y de ofrecerles un futuro deseable a través del estudio y el esfuerzo, frente al éxito inmediato, el dinero y la ostentación que promete el delito".
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