Siete organizaciones defensoras de derechos humanos en Ecuador pidieron este lunes a la Defensoría del Pueblo que investigue de manera urgente recientes alertas por supuestos casos de violencia sexual por parte de militares hacia las mujeres recluidas en una de las cárceles de Guayaquil.
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Los grupos relataron en su petición, a la que tuvo acceso EFE, que durante las últimas semanas han recibido "múltiples alertas provenientes de familiares y de mujeres que estuvieron privadas de libertad" en la cárcel femenina Guayas 2 "relacionadas con presuntos actos de acoso, violencia y abuso de carácter sexual cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas" durante tareas de seguridad, control y requisa.
La última denuncia surgió el pasado sábado, cuando recibieron un video en el que se observa que un militar está tocando a una mujer por debajo de su camiseta.
Al día siguiente, las organizaciones fueron alertadas de que los militares ingresaron nuevamente a la prisión y que habrían "utilizado gas lacrimógeno contra las internas" por supuestamente "difundir el video".
Organizaciones piden investigación
"Este nuevo hecho genera una preocupación adicional por la posible existencia de actos de represalia o intimidación posteriores a la denuncia pública, así como por el riesgo que enfrentan las mujeres que comuniquen situaciones de abuso", señalaron las organizaciones en su escrito dirigido a la Defensoría.
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Esta prisión está dentro de un complejo penitenciario que agrupa otras cuatro cárceles, entre las que está la Penitenciaría del Litoral.
Algunos de estos centros fueron intervenidos por las Fuerzas Armadas tras la declaración de "guerra" que emitió el presidente, Daniel Noboa, en 2024 contra bandas criminales.
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Además de la investigación, las organizaciones pidieron a la Defensoría que realice una visita no anunciada a la cárcel de Guayaquil para que entreviste a las mujeres sin presencia de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, que se pida al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las órdenes, protocolos, instructivos, planes operativos y reglas aplicables a la actuación de personal militar en la cárcel femenina; y protocolos de prevención, identificación y denuncia de violencia sexual, abuso y acoso sexual aplicables durante intervenciones militares, entre otros documentos.
En caso de que la Defensoría encuentre "indicios razonables sobre la posible comisión de delitos contra la integridad sexual, tortura u otras infracciones", los grupos exigen que se denuncie ante la Fiscalía.
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