El Gobierno ecuatoriano anunció este lunes que Argentina apoyará con dos peritos que serán veedores en la investigación que se sigue por la muerte de la activista polaca Monika Silva, ocurrida el 8 de junio, y quien era conocida por denunciar casos de presunta corrupción en la costera provincia de Santa Elena.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano señaló en un comunicado que, por pedido del Ministerio del Interior, realizó gestiones diplomáticas ante Argentina y Polonia para "obtener asistencia de veedores y médicos forenses independientes e imparciales que contribuyan a garantizar la transparencia, objetividad y rigurosidad del proceso de investigación".
Debido a esas gestiones, agregó la cartera de Estado, la Corte Suprema de Justicia de Argentina "acordó brindar cooperación técnica mediante la participación de dos peritos médicos forenses, quienes actuarán como veedores" en los términos requeridos por el Gobierno ecuatoriano, que no fueron precisados.
La Cancillería añadió que mantenía abiertos los canales de coordinación con las autoridades de Polonia y que esperaba su respuesta respecto a la solicitud de cooperación técnica formulada para este caso.
¿Qué se sabe hasta ahora?
El cuerpo de Silva fue encontrado el pasado 8 de junio en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a que se la conocía por denunciar casos de presunta corrupción en esa zona costera del país.
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Además, formaba parte de la Fundación La Integridad, que realizaba denuncias sobre temas relacionados con el medioambiente, contratos públicos y tráfico de tierras, entre otros.
Tras su muerte y sin tener resultados de la autopsia, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que presumían que Silva se había suicidado.
Sin embargo, la Delegación de la Unión Europea (UE) en el país y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el viernes al Estado a incluir entre las líneas de la investigación por el fallecimiento de la activista una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.
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