Complejo de gas Monteverde: Un gasto inflado y volátil
Carolina Farfán viernes, 22 enero 2021 - 03:40
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Almacenar gas en tierra y no en el mar era una necesidad postergada. Pero gastar 377 millones en un muelle para un barco cada 10 días y en tanques de almacenamiento con una capacidad dos veces superior a la necesaria, fue un derroche de dinero.
Es imposible no observar el enorme complejo de procesamiento de gas al circular por la ruta del Spondylus, principal vía hacia decenas de conocidos balnearios de las provincias de Santa Elena y Manabí. Junto a la comuna que lleva el mismo nombre -Monteverde- están cuatro enormes tanques y tres esferas que ocupan unas 136 hectáreas. Pese a ser una terminal colosal solo opera a la mitad de su capacidad.
Distinto era el panorama y las promesas seis años atrás, en junio de 2014, cuando el entonces presidente Rafael Correa alegaba que sería una obra que cambiaría el destino de la producción y almacenamiento de gas en tierra en Ecuador. La inauguró con tarima, pantalla gigante y cientos de invitados; aunque desde ese momento se hicieron evidentes los cuestionamientos, en voz del propio Mandatario: “Debió demorarse unos cuatro años, se ha demorado seis o casi seis y costó centenas de millones más de lo inicialmente presupuestado”. Se ofrecía también que Ecuador exportaría gas, proyectando ganancias millonarias.
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Costó cuatro veces más
El analista económico Walter Spurrier asistió al evento invitado por el gobierno y cuenta una anécdota. Recuerda que viajó hacia Monteverde en el mismo helicóptero que Correa y durante ese vuelo el exmandatario le confesó que fue leyendo uno de los artículos de Spurrier sobre esta planta, la forma cómo se enteró de algunos de los detalles del proyecto: “Correa estaba muy molesto. Se sentía engañado de que se había hecho esta obra sobredimensionada y con un costo exagerado”.
La construcción de la terminal marítima y de la planta de almacenamiento estuvo a cargo de Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana, una subsidiaria de la Armada Nacional convertida en empresa pública durante el gobierno anterior.
Vamos a los detalles: desde Monteverde se abastece el 80 por ciento de la demanda nacional de gas licuado de petróleo (GLP). Diariamente se procesan tres mil toneladas para que sean envasadas en cilindros para el consumo doméstico e industrial, aunque en realidad en esta terminal se podría procesar hasta el doble del combustible diario requerido.
Entre líneas se descubre una verdad incómoda: incluso cubriendo desde aquí el 100 por ciento de la demanda total de GLP del país no se aprovecharía toda la infraestructura instalada.
La administración ahora está en manos de Petroecuador y sus técnicos prefieren ver el vaso medio lleno: “Si lo vemos así, como números, como que se está subutilizando. Pero tiene capacidad instalada para cubrir la demanda: lamentablemente, no hay más”, explica Marco Guamán, jefe de la terminal.
Esta situación no es desconocida para el régimen de Lenín Moreno. A finales de 2018 ya lo advirtió la delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), que llegó al país junto a varias consultoras internacionales para auditar cinco megaobras construidas durante el correísmo. Todas millonarias y cuestionadas por graves irregularidades en su proceso de ejecución. Los resultados del informe fueron alarmantes y concretos: revela que el proyecto de gas de Monteverde fue pensado con una inversión de 91 millones de dólares, aunque terminó costando cuatro veces más, es decir es 377 millones de dólares.
Tras múltiples retrasos, fue entregado dos años después de la fecha prevista y -agrega el informe, entre otras observaciones- no se planificó, ni se diseñó, ni se construyó bajo estándares internacionales. Para salvarlo, según la auditoría, se requieren 14 millones de dólares adicionales. Estas conclusiones avaladas por el PNUD fueron reveladas por la empresa española Tecnatom, especializada en ingeniería nuclear y sectores como el aeronáutico y petroquímico.
Sin embargo, hay voces que discrepan. La Flota Petrolera Ecuatoriana estuvo al frente de esta obra hasta que fue traspasada a Petroecuador en 2014. Desde la oficina de sus abogados el exgerente general de Flopec durante la construcción, Danilo Moreno, rechaza ese informe. Considera que las conclusiones no son válidas y que detrás hay intereses políticos y no técnicos: “aquí no han contrastado los señores esos técnicos con los que fuimos administradores ese entonces”. Agrega que “su criterio está incompleto y no está orientado adecuadamente. No preguntaron a Flopec, por lo tanto su aseveración es incorrecta”, agrega.
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Pero existen más cuestionamientos y vienen desde la Contraloría General del Estado en un examen especial a los contratos de construcción y fiscalización entre enero de 2013 y diciembre de 2014. Involucran a Unemon, que fue la unidad que diseñó el proyecto y que estuvo integrada por oficiales de la Armada Nacional. Aquí también aparece Flopec, que tuvo a su cargo toda la obra. La auditoría indica que durante la ejecución del proyecto se pagó un rubro injustificado de 14 millones de dólares por trabajos que no se efectuaron; que se transfirió más de un millón de dólares a un proveedor de equipos que no tenía relación contractual con la obra y que además se pagaron más de seis millones de dólares por trabajos de fiscalización sin que exista un contrato que lo sustente. Otro resultado de este examen detectó un inadecuado archivo de documentación de respaldo de las operaciones financieras.
En otro análisis de la Contraloría -esta vez de la operación, mantenimiento y estado actual del proyecto- se revela que, a solo seis años de estar operativa, esta terminal ya presenta daños en los tanques que almacenan toneladas de gas, deterioro por el óxido y múltiples picaduras por la corrosión . Para el experto en instalaciones de Petróleo y Gas, Danilo Arcentales, es una bomba de tiempo si no se corrige de inmediato: “si es que no se aplican planes de mantenimiento preventvos y correctivos esto puede ocasionar a la larga explosiones catastróficas, daños al medio ambiente, daños a la población”.
Este examen especial también hace referencia al extenso muelle de 1.400 metros de longitud construido sobre el mar. Es el segundo de mayor calado en todo el mundo, solo superado por el de Rotterdam, en Países Bajos. Tiene 23 metros de profundidad cuando los buques de alto calado no sobrepasan los 15 metros bajo el agua. Además, se cuestiona que los cientos de pilotes que sostienen esta plataforma marítima no cuentan con la protección necesaria contra la corrosión, lo que reduce su vida útil. El estudio de Tecnatom agrega algo más: la obra es más extensa de lo necesario (lo cual aumentó su costo) y tiene áreas que no son utilizadas. De los dos muelles, solo se usa uno.
Aunque Petroecuador está al frente de este proyecto desde 2014, aseguran que no todo es culpa de ellos. Explican que asumieron una obra que ya estaba construida y ahora no hay dinero para ejecutar las recomendaciones que hace el PNUD, ni tampoco las observaciones de la Contraloría.
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