La faceta empresarial oculta de Eliseo Azuero | Vistazo

La faceta empresarial oculta de Eliseo Azuero

María Belén Arroyo | [email protected] Viernes, 17 de Julio de 2020 - 17:45
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El juez penal de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, dictó prisión preventiva en contra del asambleísta Eliseo Azuero la tarde de este viernes.
 
Las cuentas declaradas por el legislador tienen inconsistencias. Mantiene cercanía con empresas contratistas del Estado, que recibieron casi 10 millones en contratos para la reconstrucción post terremoto. Vistazo presenta una investigación conjunta con el portal Código Vidrio.
 
Político desde 1990. Fue diputado y prefecto en varios períodos. Llegó al Congreso que Rafael Correa defenestró en 2007.
 
En 2017, Eliseo Alexis Azuero Rodas volvió a la esfera pública, como asambleísta por la Izquierda Democrática. En tres años se alejó de esa tienda, y se acercó al bloque independiente.
 
La tarde de este viernes, el juez penal Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia, dictó orden de prisión preventiva en su contra. Azuero enfrenta una investigación por su posible participación en un entramado de pagos y favores, que destapó la denuncia contra el también legislador Daniel Mendoza.
 
Este informe sobre sus cuentas revela que su fortuna creció de la mano de una firma contratista del Estado, que él creó y hoy es gerenciada por familiares cercanos. 
 
Sus declaraciones de bienes a la Contraloría, en 2017 y 2019, presentan inconsistencias frente a la información que arrojan sus registros bancarios.
 
Desde 2012 hasta 2020, Azuero recibió 1,5 millones de dólares en depósitos en transacciones que no especifican el nombre del depositante; el valor más alto fue en 2019, cuando recibió 211 mil dólares sin registro de depositante. Estos datos discrepan con sus reportes tributarios para el pago del Impuesto a la Renta.
 
En 2016, Azuero aún no era asambleísta; pero sí un empresario de la construcción. En 2015 constituyó Mikla Construcciones, con sede en Sucumbíos, firma que ganó contratos de emergencia para ejecutar obras en Manabí y Esmeraldas.
 
Según fuentes consultadas, sus contactos políticos con el correísmo influyeron a su favor. Sus acciones las transfirió en 2016 a nombre de su hijo.
 
Por el ejercicio económico de 2016 declaró ingresos por 7,3 millones de dólares y una utilidad de 622 mil dólares.  
 
Cuando se comparan sus declaraciones del Impuesto a la Renta con sus ingresos bancarios, hay discrepancias en 5 años: 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019. Entre 2012 y 2020 tiene depósitos por 1,5 millones de dólares, sin especificación del depositante.
 
Al inicio de su gestión, en mayo de 2017, declaró a la Contraloría un patrimonio de 5,7 millones de dólares, resultado de la diferencia entre sus activos (7 millones) y pasivos (1,2 millones).
 
Para 2019, esto es, para la declaración de mitad de período legislativo, reportó una reducción tanto en activos como en pasivos. Los activos bajaron a 5,8 millones, y sus deudas bajaron a 18 mil dólares. Su patrimonio, para 2019, continuaba en 5,7 millones de dólares, con una leve variación al alza de 54 mil dólares.
 
Sin embargo, según registros financieros, en ese período tuvo acreditaciones por 5,8 millones de dólares y débitos por 4,9 millones de dólares, lo cual no es coherente con su declaración jurada.
 
Azuero no cumplió con la normativa tributaria que obliga a quienes tengan bienes que superen 226.200 dólares a presentar una declaración patrimonial ante el Servicio de Rentas Internas. 
 
En 2017 actualizó su Registro Único de Contribuyente (RUC), cuya actividad económica es la de “alquiler de maquinaria y equipo de construcción”, el cual se encuentra activo.
 
A su nombre se registran seis vehículos: un jeep, dos camionetas, un trailer, un camión y una volqueta, por un monto total estimado en más de 350 mil dólares. En Pichincha tiene tres predios; además de propiedades en Nueva Loja. Dos de los predios en Pichincha los adquirió en 2004, se encuentran en Guayllabamba y en La Delicia, Comité del Pueblo.
 
Según los registros contrastados, el modo de operación del asambleísta consiste en crear empresas, transferirlas a sus familiares y cabildear para que obtengan contratos con el Estado.
 
Su abogado defensor, José Luis Ortega, declinó dar declaraciones sobre esta información, al ser requerido para esta reportería.
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