Este martes 8 de septiembre se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Goleada, en el que son procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; su esposa, Fiorella Ycaza; varios familiares y otras personas por presunto lavado de activos.
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La Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de la diligencia y precisó que la causa involucra a 17 personas naturales y nueve personas jurídicas.
Durante la primera parte de la audiencia, el juez analizará posibles vicios procesales antes de avanzar hacia la etapa de evaluación de los elementos presentados por las partes.
En medio de la diligencia, el juez impuso una multa equivalente a un salario básico unificado (USD 482) al abogado Carlos Luis Sánchez Gaete por abandonar la audiencia sin autorización.
El magistrado también dispuso notificar a la Dirección Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura para que investigue la actuación del profesional del derecho.
Juez declaró la nulidad de la audiencia anterior
El juez Sebastián Cornejo, quien asumió el caso 'Goleada', declaró la nulidad de todo lo actuado durante las anteriores audiencias de evaluación y preparatoria de juicio.
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La resolución fue emitida el domingo 23 de agosto de 2026, luego de que Cornejo asumiera el despacho que estaba a cargo del juez Jairo García Mosquera.
Según explicó, la decisión buscaba garantizar un proceso justo y el respeto a los derechos de todos los sujetos procesales.
Como consecuencia de esa resolución, la diligencia tuvo que convocarse nuevamente.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Goleada?
La investigación comenzó a partir de una denuncia sobre la supuesta creación de un entramado empresarial destinado a vulnerar la seguridad del Estado y del sistema financiero, sin generar alertas en las instituciones de control.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez, hermanos vinculados a un mismo esquema societario, junto con otras personas, habrían conformado una red para desviar combustible subsidiado destinado al sector automotor hacia los segmentos industrial y naviero.
El presunto mecanismo habría permitido obtener ganancias ilícitas mediante la comercialización irregular de derivados de hidrocarburos.
La Fiscalía sostiene, además, que los procesados habrían realizado traspasos de bienes sin respaldo transaccional y simulado la prestación de servicios. Durante la audiencia deberá determinarse si existen los elementos necesarios para llamar a juicio a los involucrados.
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