El juez del caso Goleada acogió este lunes el pedido de la Fiscalía General del Estado y ordenó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, así como para sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, además de Fernando Peñaherrera y César Bravo, dentro de la investigación por el presunto delito de lavado de activos.
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La decisión fue anunciada al concluir la audiencia de revisión de medidas cautelares, que se reinstaló de forma telemática a las 18:10 de este lunes tras haber sido suspendida días atrás. La diligencia había sido solicitada tanto por la Fiscalía como por 7 de los 16 procesados dentro de la causa.
El Ministerio Público sustentó su pedido de prisión preventiva con base a la existencia de nuevos elementos dentro de la investigación.
Los hermanos Alvarez, Peñaherrera y Bravo ya habían recibido una orden de prisión por el caso Goleada tras ser detenidos en el marco de la investigación en Samborondón y Guayaquil, el 8 de febrero de este año.
Las primeras semanas del encarcelamiento provisional, todos, excepto el alcalde de Guayaquil, cumplieron la medida en la Cárcel de Turi, en la provincia de Azuay. El burgomaestre fue trasladado, en cambio, a la Cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.
A mediados de marzo, los cinco fueron transportados a la cárcel de máxima seguridad "El Encuentro". El 2 de abril, Antonio y Xavier Alvarez, César Bravo y Fernando Peñaherrera recibieron medidas sustitutivas, lo cual llevó a su excarcelación.
Sin embargo, Aquiles Alvarez continúo bajo prisión preventiva debido a que la misma medida le había sido impuesta en otros procesos judiciales que enfrenta y que derivan de su presunta implicación en contrabando de combustible: el caso Triple A y el caso Grillete.
Durante la misma audiencia de revisión de medidas sustitutivas celebradas este lunes, el juez también resolvió los pedidos presentados por varios de los acusados con respecto a medidas patrimoniales impuestas dentro del caso.
En ese sentido, negó la solicitud de seis investigados que buscaban dejar sin efecto la incautación de bienes inmuebles y vehículos vinculados a la investigación.
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No obstante, aceptó el pedido formulado por Gastón Aparicio L. C. y dispuso el levantamiento de la inmovilización que pesaba sobre una de sus cuentas de ahorros.
¿Qué aborda el caso Goleada?
El caso Goleada investiga un presunto esquema empresarial mediante el cual varias personas habrían adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado, destinado inicialmente al abastecimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana.
Según la hipótesis de la Fiscalía, parte de ese combustible habría sido desviado hacia embarcaciones internacionales para ser comercializado a precios de mercado, generando ganancias ilícitas que posteriormente habrían sido canalizadas mediante un presunto esquema de lavado de activos.
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La instrucción fiscal de esta causa ya concluyó y el Ministerio Público solicitó que se convoque a la audiencia preparatoria de juicio para presentar su dictamen acusatorio contra 17 personas naturales y nueve personas jurídicas investigadas por el presunto delito de lavado de activos.
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