La Fiscalía General del Estado solicitó que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sea llamado a juicio como presunto autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, durante la audiencia preparatoria de juicio desarrollada en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón.
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El Ministerio Público presentó este viernes su dictamen acusatorio dentro del proceso penal abierto tras detectarse que Alvarez, quien actualmente cumple prisión preventiva, no portaba un dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto por orden judicial cuando fue detenido en su vivienda, en Samborondón (Guayas), el pasado 8 de febrero.
No obstante, la jueza Karen Alarcón suspendió la diligencia luego de que la defensa técnica del alcalde alegara indefensión. Según sus abogados, el letrado que asumió la representación del burgomaestre no había tenido acceso completo al expediente ni contaba con un tiempo razonable para revisar la causa antes de la audiencia.
La diligencia fue reprogramada para el 1 de julio de 2026, a las 08:10, cuando la magistrada continuará con la etapa preparatoria de juicio.
El proceso se originó tras el hallazgo del grillete electrónico
Durante el arresto de Alvarez, dispuesto dentro por el caso "Goleada", las autoridades constataron que el alcalde no llevaba colocado el dispositivo de vigilancia electrónica. De acuerdo con el reporte del operativo, el grillete fue encontrado en el piso, junto a su cama.
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Además, informes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) señalaron que el dispositivo permaneció sin señal durante un periodo de tiempo y que presentaba alteraciones físicas, entre ellas fracturas en su cubierta plástica, según determinaron las pericias practicadas.
Tras su detención, Aquiles Alvarez inicialmente fue trasladado a la Cárcel de Latacunga y, un mes después, fue reubicado en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, donde continúa recluido con dos órdenes de prisión preventiva.
En ese mismo centro penitenciario también estuvieron sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, quienes igualmente fueron procesados dentro del caso "Goleada" y recuperaron su libertad el pasado 2 de abril.
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El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa contempla penas de entre uno y tres años de privación de libertad.
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