¿El correísmo se acuerda de Guadalupe Llori?
Carlos Rojas Araujo jueves, 19 diciembre 2019 - 01:45
Facebook
Twitter
Whatsapp
Email
El 8 de diciembre de 2008 Rafael Correa presidía el Ecuador y seis días antes, el paro petrolero en Dayuma (Orellana) se había zanjado con un estado de emergencia y la detención de 23 personas, entre ellas la prefecta Guadalupe Llori.
Ese día, varios militares y policías allanaron su domicilio para aprehenderla y llevarla a Quito. Luego de nueve meses y 15 días en prisión, la ‘Mama Lucha criolla’ –así la insultó Correa, con toda la fuerza de su omnímodo poder, según recoge diario El Universo– recuperó la libertad al ser absuelta de los cargos de terrorismo, sabotaje y peculado.
El primer fallo de la Corte de Nueva Loja, de enero de 2008 que ordenaba su libertad, y la amnistía otorgada a su favor por la Asamblea de Montecristi no dieron resultado, pues a Llori le abrieron dos procesos más, luego de que la Contraloría examinara algunos contratos viales.
Tres de los cinco consejeros de Orellana la destituyeron el 7 de marzo; Llori perdió el cargo de prefecta.
Por las condiciones en la que se dio su detención, por la forma en la que el gobierno de entonces manejó el caso, por el maltrato y asedio que supuestamente sufrió en la cárcel y porque no hubo recurso legal interpuesto que garantizara los derechos judiciales de la detenida, organizaciones como Human Rights Watch enviaron sendas comunicaciones al entonces presidente Correa para que velase por la integridad de Llori. La obligaban a lavar ollas y fregar pisos para amedrentarla, sin olvidar las requisas y los forcejeos en su celda. Carondelet desestimó cualquier ensañamiento en la cárcel, negando que se tratara de una “prisionera de conciencia”.
Este relato demuestra cómo estamos condenados a repetir la historia una y otra vez sin que nada nos haga reflexionar o peor madurar como democracia. Quizás entre Llori y la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, haya demasiados hechos en común: un paro, el estado de emergencia, el allanamiento a su vivienda, un enfrentamiento político con el presidente, dudas y/o evidencias de conspiración, la cárcel, el riesgo de su destitución y las alertas de organismos como HRW o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un debido proceso, justo e imparcial.
Pero lo triste sería constatar que la opinión pública mide con diferente rasero a las dos prefectas. Que se haya escandalizado por los abusos contra Llori y que ahora exista indiferencia por lo que sucede con Pabón, más aún, cuando el gobierno morenista, como ocurrió con el correísta en 2008, dribla cualquier observación internacional llenándola de matices.
Si Ecuador quiere construir una sociedad decente, debe abandonar el cinismo como moneda de curso. El correísmo, simplemente, no tiene cara para reclamar por los derechos de su prefecta, de Virgilio Hernández o de Christian González, porque violó los de Llori, de los periodistas y veedores de El Gran Hermano, de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, de los dueños de El Universo y porque se burló de las lágrimas de la hija del coronel César Carrión, a las que Alexis Mera calificó de “teatro político”.
Cuando este país inaugure la decencia, declaraciones como las de Marcela Aguiñaga, admitiendo que para ellos el poder era eterno, no tendrán más asidero que la condena pública. Pero no, quieren volver por más…
