¡Qué perversa es la política de Ecuador! Salvo presidentes autoritarios, los presidentes con empaque democrático han sido rehenes de otros que no han ganado las elecciones presidenciales. Muchos de ellos pretendieron “gobernar desde el Congreso” en las primeras décadas y hoy a través de la Asamblea. Esto explica la imposibilidad de aprobar leyes, de ejecutar planes de gobierno y en la era de las redes sociales dictar lo que debe hacer el Presidente a través del Twitter, como de manera desbocada y en ocasiones incoherente lo hace el expresidente Rafael Correa.
Ahora, a este concierto de inmovilizadores del desarrollo del país hay que añadir a la Conaie, cuyos dirigentes por ambición personal y cobijados de la garantía de impunidad que les ha dado la justicia y la Asamblea Nacional aprovechan de las necesidades de sus bases para haber convertido al país en un rehén por 18 días que ha durado el paro.
Paradójicamente, no han ganado una elección presidencial y es difícil que lo hagan porque la mayoría no organizada de los votantes no ha votado por ellos y en el futuro no lo haría porque ha sufrido las consecuencias de sus acciones violentas e injustas. Esa mayoría silenciosa sabe igualmente, que hay bienes básicos que necesita una sociedad para progresar: libertad, seguridad, respeto a los derechos humanos, cohesión social y esas virtudes son escasas en la Conaie y en sus dirigentes. Es más, su pensamiento y sus acciones corresponden a regímenes violentos, autocráticos que han fracasado en el mundo.
El desafío del Ecuador y de los que aspiramos a progresar en democracia está en cómo desarticulamos este secuestro social que se hace del país y del gobierno escogido libremente por la mayoría. La misma democracia tiene las herramientas, lo que se requiere es aplicarlas. La primera es eliminar la impunidad de quienes cometen delitos, sin ablandarse por su poder político. La Corte Constitucional debería derogar por ilegal la amnistía general para quienes cometieron delitos en octubre de 2019. A la vez, la justicia debe perseguir a los que cometieron actos violentos durante la actual protesta, incendiando unidades de Policía, camiones militares y usando armas que causaron muertes y pérdidas económicas. No hay mejor mecanismo para impedir la repetición de los delitos que la disuasión. La base del imperio de la ley es que la vara de la justicia sea igual para todos indistintamente de su poder político. Solo el Estado dejará de ser secuestrado “sometiendo a los secuestradores a la justicia”, como argumenta Felipe Rodríguez, joven prestigioso penalista nacional.
