Lasso, impuestos y clase media
A través de grupos de WhatsApp y en varias cuentas de Twitter han proliferado videos con las declaraciones de Guillermo Lasso, entonces líder de oposición y candidato presidencial, en los que señala, con una evidente carga pasional, que la mejor receta para reactivar la economía del Ecuador es reduciendo impuestos.
Esta postura incluso fue una de las razones que selló la alianza electoral entre CREO y el Partido Social Cristiano, hasta que Lasso, ya presidente, rompió con Jaime Nebot por los acuerdos de mayo de 2021 con el correísmo. Para entonces, el flamante Gobierno preparaba con urgencia una agresiva reforma tributaria dirigida a las clases medias y al sector productivo con rentas más consolidadas.
El proyecto, llamado de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, entró a regir por el Ministerio de la Ley hace un año, gracias a la abstención de UNES. Y supuso el primer divorcio de Lasso con su base electoral.
De poco sirvió, para morigerar semejante golpe, que el Presidente argumentara que fue un error de campaña haber ofrecido no subir impuestos. O que dijera que el grueso de la factura fiscal, por el derroche correísta y el azote de la pandemia, solo lo pagarán los sectores más vigorosos de la sociedad (aquellos que ganan desde 2.000 dólares), evitando así la quiebra del Estado.
Dentro del Gobierno se ha comentado, a manera de excusa, que la forma tan aparatosa en la que entró a regir esa Ley, impidió que Ejecutivo y Asamblea suavizaran montos y techos, por lo cual su impacto fue mucho más crudo para los ciudadanos.
Un año después, en una reciente jugada política pensada más bien desde el desquite y la demagogia, la Asamblea se amparó en el artículo 140 de la Carta Magna para aprobar otra Ley que deroga dicha reforma tributaria pero que, a decir de las recientes declaraciones del ministro de Economía, Pablo Arosemena, será vetada totalmente por inconstitucional.
Según el funcionario, es incomprensible que los parlamentarios y la oposición se dediquen, de forma permanente, a exigir al Gobierno todo tipo de recursos, pero que a la vez buscan cortar las fuentes de ingreso, como si el Estado tuviera árboles que cargan billetes. Además, si se deroga toda la Ley de Desarrollo Económico, no solo el programa fiscal del Régimen se descuadraría por completo, pues hay temas de otra índole, como alivios e incentivos, que quedarían sin efecto.
En este juego de suma cero en el que están enganchados los políticos, vive una clase media que ha visto reducir sus ingresos para aportar con el financiamiento de un Estado que no satisface sus necesidades de educación, salud y seguridad. Es más, ha palpado de cerca que hasta servicios públicos elementales como la entrega de pasaportes o la impresión de las placas vehiculares se enredan en la negligencia burocrática y sus retrasos se vuelven inaceptables.
Hubiese sido más provechoso que, en la tan cacareada agenda de diálogo que Virgilio Saquicela propuso al Régimen, se diseñe en conjunto una nueva reforma tributaria que atienda las necesidades fiscales y brinde un alivio a los ciudadanos sin que ello empañe las metas trazadas con el FMI. En síntesis, Lasso perdió una nueva oportunidad para reivindicarse con el sector de la población que lo hizo presidente.
