La última oportunidad
Son positivas las muestras de agilidad con las que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha enfocado las mesas de diálogo con los sectores indígenas, bajo la supervisión de la Iglesia Católica. Él sabe que de este espacio depende la supervivencia del Régimen, no solo en tiempo (90 días, un año o el período completo), ya que después de lo mal que se encuentra la relación con la Asamblea y las fuerzas políticas, estas mesas quizás sean el único espacio para que la institucionalidad prevalezca.
Habrá que ver cómo el Gobierno mantiene a flote un diálogo en el que la Conaie nunca se ha sentido cómoda, pues en la medida en que llegan los acuerdos, pierde piso lo que mejor sabe hacer: movilizarse, bloquear y presionar. Ojalá la sociedad civil asuma su responsabilidad de acompañar este proceso.
De manera paralela, es de esperar que el susto de la paralización motive un gobierno más ágil, que tranquilice la persistente incomodidad de las personas por la carestía de la vida y las deficiencias de una administración pública que, paradójicamente, era la única variable que un Mandatario sin fuerza política en la Asamblea y en las calles podía controlar con éxito. Ello explica el cúmulo de reproches que explotó en su contra. ¿Por qué había que esperar a un paro para promover el aceite popular o subsidiar la urea en un 50 por ciento?
Más allá de que el presidente Guillermo Lasso cambie de ministros y asesores cercanos, lo de fondo es que cambien sus prioridades con absoluto convencimiento. Dentro de poco, se difundirán varios sondeos que dirán lo baja que está su popularidad y algo mucho más grave: el deterioro de lo institucional como un espacio para resolver los problemas de la gente, apoyando la imagen de quienes ofrecen mejores condiciones de vida, bajo promesas muy peligrosas que entusiasman.
Esas nuevas prioridades consisten que el Estado se convierta en la plataforma desde donde se satisfagan esas necesidades. Para ello, tres años de trabajo pueden ser fructíferos. No se requiere, como ahora sugiere más de un genio crítico de la macroeconomía, que el Gobierno despilfarre recursos para mostrar obras faraónicas, transacciones clientelares y corruptas o endeudamientos agresivos. Lasso podría comenzar por el diseño de un plan de focalización de combustibles que supere, de una vez por todas, la tara de un subsidio ineficiente que por casi 43 años postergó el desarrollo nacional. Si lo logra, habrá cambiado parte de la historia para siempre.
A Lasso le han reprochado su errática operación política, cosa que es cierta, así como el fracaso de su comunicación. Pero en realidad, el problema ha sido su falta de pedagogía como gobernante. Para ello no se necesitan millones de dólares en piezas comunicacionales, sino explicaciones necesarias y harto sentido común.
Su obligación es cuidar las cifras fiscales y el entorno de inversión, mientras la población sienta que el Gobierno ‘hace obra’. Solo cuando el país respire más de bienestar, se podrá detener la irrupción de quienes se pintan de salvadores y buscan controlarlo bajo la fuerza de la presión. Impedirlo, desde una buena gestión, es la obligación de un Presidente que hoy tiene una nueva (¿la última?) oportunidad.
